El exinterventor de la Junta declarará ante el Supremo por los ERE
Manuel Gómez comparecerá como imputado, después de solicitarlo de forma voluntaria. También declarará el exconsejero de Empleo Antonio Fernández
Sevilla
Manuel Gómez, que ha sido interventor de la Junta durante diez años, declarará como imputado ante el Supremo este martes después de solicitarlo de forma voluntaria y de que lo haya pedido también la Fiscalía Anticorrupción.
También el martes la jueza Mercedes Alaya ha citado a declarar a 13 exaltos cargos imputados, entre ellos los exconsejeros Martín Soler y Antonio Fernández, que también tendrá que acudir al Supremo el jueves; así que el exconsejero de Empleo tiene dos citas judiciales esta semana.
Manuel Gómez quiere declarar en el Supremo después de haber escuchado decir a los expresidentes, Griñán y Chaves, que la Intervención era quien podía haber acabado con el supuesto fraude de los ERE si hubiera emitido el llamado informe de actuación.
El exinterventor lleva casi dos años imputado por eso mismo, por no emitir ese informe que hubiera forzado a los responsables políticos. Y por haber respaldado las 20 modificaciones presupuestarias que se hicieron para incrementar la partida presupuestaria con la que se pagaban los ERE.
Ante Alaya, el exinterventor señaló que a Griñán los informes de la Auditoría no le importaban nada. Y dijo que no tenía competencias, según la Ley de Hacienda Pública, para oponerse a esas modificaciones presupuestarias. También argumentará que no podía fiscalizar las subvenciones que daba Empleo y que fue en una auditoría al IFA, que era quien pagaba esas subvenciones, como detectó que no había control de la Intervención en ese tipo de ayudas.
Es impensable, manifestó, que Griñán cuando era consejero de Hacienda no conociera que un solo director general de Trabajo había generado un déficit de 95 millones de euros.
Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo que estuvo en la cárcel, ha sido llamado por el Supremo a petición de la Fiscalía. Fernández le puso nombre a la fórmula elegida desde 2001 para pagar las subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas.
El "procedimiento específico" creado para pagar las subvenciones era "legal", dijo, y añadió que si hubiera conocido los reparos que ponía la Intervención hubiera seguido usando la misma fórmula ya que permitía a la Junta ser "más operativa para ayudar a trabajadores, empresas y territorios de Andalucía".
