Madrid rechaza la ley de Adicciones porque legaliza “de hecho” el cannabis
Justicia e Interior apuntan “serias dudas” sobre el encaje legal de la regulación de los 'clubes' del cannabis y advierten de que la materia corresponde en “exclusividad” al Estado
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Vitoria
Sendos escritos remitidos por los Ministerios de Justicia e Interior advierten al Parlamento vasco de que la regulación de los clubes del cannabis que recoge el proyecto de ley vasca sobre Adicciones concluyen que, aunque no está escrito, despenaliza y legaliza "de hecho" el cultivo y el tráfico de cannabis.
“En la práctica, sin llegarse a una despenalización escrita, si se produce ésta por la vía de los hechos, ya que sin cultivar y traficar con cannabis es delito según el Código Penal ¿cómo, dónde y a través de quien o de quienes van a comprar esta sustancia?” interpela en su escrito el Ministerio de Interior al Parlamento vasco.
De esta forma, sostiene que "en cierta forma" con la redacción de la normativa vasca “se legalizan o destipifican conductas que están recogidas en el Código Penal como delitos contra la salud pública”.
Además subraya que “no es posible” registrar estas entidades de consumidores como asociaciones sin ánimo de lucro ya que la ley que regula el derecho de asociación establece que son “ilegales” las asociaciones que persigan fines o utilicen medios atípicos como delitos.
El artículo 83 del proyecto del ley sobre Adicciones, que aprobó el Gobierno vasco el pasado mes de diciembre y que ahora tramita el Parlamento vasco, regula estas entidades, los denominados clubes sociales del cannabis, que deberán estar “legalmente registradas”, “sin ánimo de lucro” y “constituidas por personas mayores de edad”.
La normativa obliga también a establecer “reglamentariamente” las condiciones de admisión a personas socias y que “únicamente podrán acceder a sus locales las personas mayores de edad”.
Ambos Ministerios alertan en sus respectivos escritos de la incapacidad de Euskadi de regular esta materia "exclusiva" del Estado “al tratarse de una competencia sobre legislación penal y seguridad pública y de productos farmacéuticos” y amenaza al legislador vasco con acudir al Tribunal Constitucional como recientemente ha hecho ante la ley foral reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra que ha suspendido el alto tribunal.
El Ministerio de Justicia apunta la existencia de “serias dudas” legales que, en su opinión, plantea el proyecto de ley sobre su adecuación a la normativa penal.
En este línea, admite que, según jurisprudencia, esta práctica de "autoconsumo plural" excepcionalmente deja de ser delito "siempre que los consumidores que se agrupan sean adictos”, “en número reducido”, “perfectamente identificados”, el consumo se realice “en lugar cerrado”, la cantidad consumida sea “insignificante” y se realice “sin contraprestación especulativa”.
Según Justicia, la redacción deja ver que el legislador autonómico intenta cumplir con algunos de esos requisitos, pero “incumple el requisito jurisprudencial para la atipicidad del consumo compartido consistente en que debe de tratarse de adictos”.
Además, reprueba que se reconzca la figura de los locales, precisamente porque su permanencia en el tiempo, "se aleja de la idea de excepcionalidad que requiere un consumo esporádico, de pocas personas, intimo, sin trascendencia, inmediato y de cantidad insignificante".
Finalmente, apunta que atender la demanda de los consumidores de estos clubes de manera regular y en cantidades suficientes requeriría “o bien cultivar la planta, o bien acudir a la compra de la misma por cauces no legales y, en todo caso, un almacenamiento importante" que son "conductas prohibidas".