Los primeros imputados que declaran en el caso EDU defienden la legalidad del curso que hicieron

Málaga

Los primeros imputados en declarar en el caso Edu, por las supuestas irregularidades en los cursos de formación, defienden ante el juzgado la legalidad del módulo que impartieron y arremeten contra la Junta de Andalucía a la que acusan de absoluta falta de control.

Han declarado ante el juzgado de instrucción 8 de la capital que lleva este asunto. Citados la coordinadora y dos profesores de un curso de soldadura que se impartió en la capital malagueña en diciembre de 2010. Al tribunal le han dicho que todo fue legal. El curso, tasado en 133 mil euros, se llevó a cabo. Profesores titulados. 15 alumnos durante nueve meses en un proyecto para reconvertir y reutilizar contenedores marítimos. Se cumplió con la contratación posterior aunque sólo para cinco alumnos porque no había trabajo para más. Y en su declaración han dejado claro que si una parte incumplió fue la Junta de Andalucía. Nadie les controló en nueve meses, nunca se acercaron al taller y el coordinador asignado cambiaba continuamente.

Los citados que ya han declarado siguen imputados por diversos delitos, entre ellos, fraude en subvenciones.

Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria, de diciembre de 2010, investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal , tendrán que comparecer ante el juez instructor.

También serán citados los responsables políticos y funcionarios encargados de conceder las ayudas.

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Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, alcanza a un total de 17 sociedades beneficiarias del programa para el empleo con compromiso de contratación.

El caso se ha dividido en dieciséis piezas separadas, ya que dos empresas están relacionadas, todo para agilizar el procedimiento.

El juez instructor también ya tiene en su poder la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga, todas ellas relacionadas con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.

Con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas y las investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas.

En ambos casos las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.

Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.