El Colegio Español de El Aaiún pide compromiso al Gobierno de España
El AMPA del centro educativo de El Aaiún, propiedad del estado español, reclama el ciclo de secundaria para no separar a los niños de su familia a los doce años.
Las Palmas de Gran Canaria
La Asociación de Madres, Padres y Tutores de alumnos del Colegio Español La Paz – El Aaiún (AMPA), han decidido reclamar a las autoridades españolas lainclusión del ciclo de Enseñanza Secundaria en su centro escolar, como única forma de evitar que sus hijos, una vez finalizados sus estudios de Primaria, deban continuar sus estudios en centros de otras ciudades en Marruecos o España.
La principal razón que aducen es que no les parece justo que sus hijos, para poder continuar sus estudios, deban separarse de sus familias y entorno y desplazarse para ello a ciudades lejanas, con sólo once o doce años, sólo porque los ministerios españoles de Educación y de Asuntos Exteriores se niegan a impartir en este centro de El Aaiún la enseñanza secundaria.
El Colegio La Paz, nacido en los años sesenta, funcionó en su plenitud hasta 1976, año de la evacuación española del Aiún. Desde ese momento, las posibilidades de cursar estudios allí se han puesto cada vez más difíciles. A pesar de impartirse la misma enseñanza oficial y reglada que en cualquier otro colegio del país, este centro de referencia para todos los españoles y saharauis del Aaiún ha entrado en un proceso de desactualización administrativa al no poder continuar en él sus estudios ni tener centros de referencia sobre los que practicar su continuidad. Desde hace casi cuarenta años, los alumnos sólo pueden acceder a la enseñanza secundaria impartida en centros de ciudades lejanas, principalmente Tánger, Tetuán o Las Palmas de Gran Canaria.
Responsables del AMPA de las familias de alumnos afectados, se han dirigido por ello repetidas veces, en los últimos años, al consejero de Educación de la Embajada de España en Marruecos (Rabat) e incluso al propio embajador de España, con quien lograron reunirse y transmitirle su inquietud; sin que en ningún caso haya prosperado su propuesta de que el Gobierno de España asuma la búsqueda de una solución a la falta de continuidad de estudios en La Paz, e incluso de que el propio embajador y el consejero visiten personalmente el centro y se cercioren tanto de sus grandes posibilidades como de su evidente desaprovechamiento.
Otro factor determinante es, además, el impacto económico que trae consigo a las familias el desplazamiento de los niños, pues obliga a sus progenitores a asumir un importe mínimo mensual de casi 700 euros para sostener sus gastos básicos.
