Primer paso para crear una comisión de investigación
Las Juntas Generales han admitido a trámite la petición de una comisión de investigación que depure posibles responsabilidades políticas en el 'caso Bidegi'
Juntas Generales de Gipuzkoa
San Sebastián
La mesa de las Juntas Generales ha admitido hoy a trámite la solicitud de una comisión de investigación para esclarecer las posibles responsabilidades políticas que pudieran desprenderse de las irregularidades detectadas en Bidegi. El PNV se ha opuesto y ha votado en contra, el grupo juntero socialista se ha abstenido, mientras que el PP ha sumado sus votos a los de Bildu y Aralar para sacar adelante esta petición. El próximo pleno deberá someter a aprobación la creación de esta comisión de investigación. Bildu presentará un calendario para que las conclusiones se puedan conocer antes de que acabe esta legislatura.
Bildu pidió hace unos días la creación de una comisión en las Juntas Generales de Gipuzkoa para "investigar las responsabilidades políticas del caso Bidegi" tras las irregularidades detectadas por el Ejecutivo foral en esta sociedad, correspondientes a la anterior legislatura, gobernada por el PNV.
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia ha admitía a trámite el pasado mes de enero la querella de la Diputación por presunta malversación de 3,4 millones de euros en Bidegi, en la construcción de la autopista AP-1, y ha llamaba a declarar como imputados a los tres denunciados. Según esa querella de la Diputación, estas tres personas estarían involucradas en el pago de 3,4 millones de euros en relación a la construcción de la AP-1 por trabajos que "no fueron ejecutados". En todo momento, la coalición abertzale ha defendido que fueron cargos políticos de la dirección de Bidegi los que firmaron esas irregularidades.
La Diputación Foral, tras analizar los documentos relacionados con la construcción del tramo Eskoriatza Norte - Arrasate Norte (Epele) de la autopista AP-1, observó que las liquidaciones abonadas en junio de 2011 por Bidegi y las cantidades contrastadas no coincidían. Concretamente, las diferencias constatadas en este tramo de la AP-1 (teniendo en cuenta única y exclusivamente las que están directamente relacionadas con el depósito de sobrantes de Basagoiti-2), son de 3,4 millones de euros. En consecuencia, el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa interpuso una querella criminal contra tres personas que firmaron la última certificación, antiguos responsable de Bidegi, dirección de obra y empresa contratista.
