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Se complica que Euskadi pueda expropiar viviendas a bancos

PNV, PP y UPyD argumentan problemas legales. La norma, impulsada por el PSE, si regulará el derecho subjetivo a la vivienda y un canon para pisos vacíos

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Vitoria

Tras año y medio, el debate sobre la ley de Vivienda en el Parlamento vasco ha entrado en su recta final y, a la espera de que se ponga negro sobre blanco, todo apunta que la propuesta legislativa impulsada por el partido socialista no contemplará en su texto definitivo la expropiación forzosa, uno de sus artículos estrella.

Importada de Andalucía, la controvertida medida permite a la Administración expropiar a bancos de forma forzosa y temporal aquellos pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias para que puedan ser usados por las familias desahuciadas.

Los socialistas sostiene que Euskadi tiene competencias para hacerlo y que “se expropia para su uso, no la propiedad”, pero PNV, PP y UPyD no son partidarios de incorporar esa previsión legal que el Tribunal Constitucional, a iniciativa del Gobierno de España, ha dejado en suspenso en Andalucía.

“No vemos a día de hoy viable legalmente y por razones jurídicas la expropiación forzosa” ha asegurado Gorka Maneiro de UPyD, el partido por el que pasa buena parte del futuro de este proyecto de ley.

Los socialistas quieren culminar el debate este mismo mes y que en febrero el Parlamento tenga ya un texto que poder votar. “Ha terminado el tiempo de las escusas y esta ley tiene que ser la primera respuesta concreta que ofrezcamos este año que ahora comienza a las preocupaciones de los vascos”, ha señalado el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, especialmemte crítico con el PNV.

Si confía el PSE en sacar adelante los otros dos puntos clave de la ley: el derecho subjetivo a la vivienda, exigible ante los tribunales y un canon que grabará los pisos vacíos. Según la propuesta original, ese canon ascendería a diez euros por metro cuadrado útil para viviendas que lleven más de dos años desocupadas, pero aun no está cerrado como quedará en la ley.

Está calculado que convertir en un derecho subjetivo el acceso a la vivienda tendrá un impacto económico en las arcas vascas de unos 38 millones anuales, aunque la ley contempla una implantación progresiva de las medidas y nuevos ingresos, como los procedentes del canon.

 
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