Itxaso pedirá al fiscal que reabra diligencias contra GHK

San Sebastián

La sentencia que desestima la demanda del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa contra los ‘swaps’ de los bancos que habían concedido a la Diputación los créditos necesarios para la construcción de la incineradora que se echó para atrás cuando Bildu accedió al gobierno de la Diputación. Esa cláusula que garantizaba a las entidades financieras el cobro de 68 millones de euros a pesar de que la infraestructura no se llevara adelante ha recibido el respaldo del juez, que ha considerado que era el mejor producto financiero en aquel momento y ha desmontado la teoría del gobierno de Bildu que la consideraba abusiva. La consecuencia de esta sentencia es que el Consorcio de Residuos tendrá que pagar alrededor de 670.000 euros mensuales hasta el año 2029, en total, 68 millones de euros por una infraestructura que el gobierno de Garitano decidió no construir.

La primera reacción no ha tardado en llegar. El presidente de la Mancomunidad de San Marcos, Denis Itxaso, ha cargado contra GHK asegurando que disponían de informes jurídicos y financieros que desaconsejaban tomar esa decisión y advertían de consecuencias como las que han sucedido y a pesar de todo el consorcio decidió seguir adelante con la cancelación del proyecto de incineradora. Por ello, Itxaso ha anunciado que solicitará al fiscal del Tribunal Superior del País Vasco Juan Calparsoro que reabra diligencias para comprobar si existen responsabilidades penales en los cargos públicos que tomaron esta decisión que acarrea un costo millonario para los guipuzcoanos.

Desde GHK se argumenta que esta era la única solución legal a la que podían recurrir porque no se podía redimensionar la incineradora y que su decisión, a pesar de esos 68 millones, es la mejor tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. La presidenta de GHK Ainhoa Intxaurrandieta ha declarado que con su plan de residuos “Gipuzkoa se ahorra aun y todo 250 millones de euros” respecto a la construcción de la incineradora. Además, Intxaurrandieta ha culpado del pago de esos 68 millones de euros a Carlos Ormazabal, anterior presidente de GHK y al propio Denis Itxaso, según ha opinado la máxima responsable de GHK, “por jugar de manera irresponsable con dinero público” y porque “eran conscientes de que que la incineradora estaba sobredimensionada”. Además, Intxaurrandieta aseguraba que con la decisión del tribunal los guipuzcoanos seguirán pagando lo mismo que ganan ahora y que con incineradora la factura sería más del doble que la actual. Por cierto, que a pesar de la sentencia desfavorable, en la opinión del Consorcio de Residuos en el juicio ha quedado demostrado que había otros productos financieros más adecuados que los swaps. Era Ainhoa Intxaurrandieta la quedaba estas explicaciones porque el diputado de Medioambiente Iñaki Errazkin no ha acudido a la rueda de prensa por problemas de agenda.