Ofensiva del PSOE para evitar nuevos desahucios en viviendas de la EMVS
Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona denuncian que un alto responsable de la empresa pública fue fichado por el fondo buitre que se quedó con los 1.860 pisos sociales
Madrid
Los socialistas madrileños reactivan su ofensiva judicial y política para evitar nuevos desahucios. Durante una visita de Tomás Gómez, junto con el candidato a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, a la familia de Fernando Encinas, cuyo desahucio está previsto para febrero, el líder socialista ha ofrecido los servicios jurídicos del PSM a los vecinos del PAU de Carabanchel afectados por la venta de viviendas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) a un fondo buitre.
Gómez y Carmona también han denunciado que la empresa Fidere, cabeza visible en España del fondo de inversión Blackstone, fichó a un antiguo responsable público de la EMVS para gestionar la venta de los 1.860 pisos. La operación inmobiliaria se cerró en julio de 2014 por más de 128 millones de euros, asunto que investiga el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid.
Conscientes, además, de que los ciudadanos “decidirán en mayo”, pero también de que hay familias que no pueden esperar hasta entonces, los socialistas van a pedir a la EMVS y al propio equipo de Ana Botella que inicie un proceso de diálogo con los vecinos con el fin de evitar nuevos lanzamientos.
Es el caso, por ejemplo, de Fernando Encinas quien será desalojado junto a su mujer y su hija pequeña de su piso en la Avenida de Salvador Allende. Viven desde hace 10 años en una de esas “promociones malditas” y ahora, debido a su situación de desempleo, se enfrentan a un desahucio por no haber podido afrontar el pago del alquiler durante 7 meses. La deuda es de unos 2.800 euros y, si nadie lo remedia, el lanzamiento tendrá lugar el próximo día 3 de febrero.
La operación de Ana Botella con la venta de 1.800 pisos sociales salvó a la Empresa Municipal de la Vivienda, que arrastraba unas pérdidas enormes, pero fue ruinosa en términos sociales. Sólo en Carabanchel, que es donde vive la familia de Fernando, hay unas 300 familias afectadas.
Los vecinos, entretanto, siguen esperando a que el juez que investiga este asunto, y que ya admitió una denuncia del grupo municipal socialista, se pronuncie también sobre querella criminal presentada por más de 100 afectados.
