Competencia presiona al Parlamento para silenciar las “irregularidades” en los comedores escolares
Advierte de que permitir que comparezca la empresa que denunció el presunto apaño en la contratación del catering de los colegios públicos podría tener "graves consecuencias negativas" en la investigación que mantiene abierta
Un monitor da de comer a una niña en un comedor de una escuela pública / EFE
Vitoria
Desde hace cuatro meses, la Autoridad vasca de la Competencia (AVC) investiga un supuesto caso de apaño entre empresas en relación al contrato del servicio de comedores escolares públicos que prestan al Gobierno vasco.
Aibak, una firma del sector que no fue seleccionada, presentó la denuncia tras sospechar que, año tras año, eran las mismas empresas, siete exactamente, las que lograba el contrato para prestar ese servicio de catering al departamento de Educación.
Antes de acudir a Competencia, los responsables de Aibak ya había denunciado públicamente esta situación aportado incluso como prueba el haber adivinado ante notarios el resultado de las adjudicaciones, tanto las empresas que iban a ganar el concurso como el precio máximo pagado por el menú.
Precisamente por impulso de Aibak, en septiembre la AVC decidió incoar un expediente sancionador a las 7 empresas que al menos entre 2003 y 2014 vienen prestando ese servicio, al considerar que “existen indicios de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas”.
De hecho, concluía entonces que “de los hechos analizados podría deducirse la existencia de un mecanismo de presentación de ofertas acordado previamente entre las empresas para repartirse el mercado, acuerdo que propiciaría mejores condiciones para ellas y aumentaría el coste del servicio de comedor para la administración vasca y para la usuarios últimos de este servicio”.
Llegado a este punto, el denunciante solicitó en noviembre comparecer ante el Parlamento vasco para explicar su denuncia. Cuatro días antes de la fecha fijada para esa intervención, AVC remitió de oficio un primer escrito a la Cámara advirtiendo sobre el carácter confidencial del expediente del que es parte Aibak, que consiguió bloquear momentáneamente la comparecencia.
El Parlamento ofreció entonces a la AVC celebrar la comparecencia a puerta cerrada y las respuesta fue tan insólita como contundente: “la celebración de esa comparecencia antes de la finalización del expediente ante la comisión de Educación, ya sea en sesión abierta, ya sea en sesión secreta, podría tener graves consecuencias negativas en la tramitación del mismo” y podría violar “el deber de secreto”.
Con todo, hoy la comisión con el voto favorable de EH Bildu, PP y UPyD, la abstención del PSE y el rechazo “verbal” del PNV porque no ha votado, ha decidido seguir adelante y permitir que Joaquín Arratibel, administrador único de Aibak pueda explicarse en el Parlamento “por la gravedad de los hechos”.
Aún está por fijar esa comparecencia que previsiblemente será la próxima semana.
