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La gestión de la Televisión Autonómica a los tribunales

El PP lleva a la Fiscalía las irregularidades detectadas en los contratos de la RTVC

La documentación aportada corresponde mas de 155 adjudicaciones de programas por mas de 300.000 euros

Águeda Montelongo, a la entrada del Palacio de Justicia / PEDRO MURILLO

Águeda Montelongo, a la entrada del Palacio de Justicia

Santa Cruz de Tenerife

Tras varios meses de indecisión, la diputada del Partido Popular, Águeda Montelongo se ha personado en la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife para trasladar toda la documentación relativa a los contratos suscritos por el ente de Radio Televisión Canaria desde 2009. Al respecto Montelongo criticó la ausencia de formaciones como el Partido Socialista que no han secundado la denuncia ante la reiterada opacidad por parte del director del ente, Guillermo García en las comisiones de control en el Parlamento de Canarias.

“Nosotros lo hemos tenido muy difícil y ahora entiendo a la Audiencia de Cuentas cuando en su informe decía que no se le facilitaron los contratos ni la información porque ha habido una absoluta falta de transparencia para hacer nuestra labor de fiscalización”, explicó Montelongo.

La semana pasada, Águeda Montelongo ya anunció en comisión parlamentaria que presentaría la denuncia ante la Fiscalía y criticó contratos realizados a las productoras Siete Mares y Doble Diez Comunicación. Dijo que se realizaron 155 adjudicaciones de programas a Siete Mares entre 2009 y 2012 para 27 retransmisiones de actos populares, como romerías y carnavales, por importe de 395.696 euros, así como 128 retransmisiones deportivas por una serie de pagos de los que ninguno llegó a superar los 10.000 euros pero que suman en total 1.009.867 euros. Por todos estos conceptos la productora ha percibido 1.405.563 euros en tres años, dijo la diputada popular, quien se preguntó si se ha salvaguardado el principio de concurrencia en esta materia.

Segunda denuncia

No es la primera denuncia que recibe la Fiscalía en relación a la gestión de Guillermo García. En agosto de 2013, tras conocerse el Informe emitido por la Audiencia de Cuentas, la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) e Izquierda Unida presentaron sendas denuncias tras detectarse irregularidades en la tramitación de contratos suscritos por el Ente público durante el periódico de 2007- 2011.

 
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