Euskadi estudia recurrir la ayuda de los 426 euros ante el Constitucional
La puesta en marcha de esta nueva ayuda ha sido acordada en una reunión entre el presidente Rajoy y los agentes sociales, y comunicada después a los gobiernos autonómicos en una reunión técnica
Mariano Rajoy posa acompañado de la ministra de Empleo, Fátima Báñez; los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi / Juan Carlos Hidalgo (EFE)
Bilbao
El Gobierno Vasco ha instado hoy al Ejecutivo central a pactar la implantación en Euskadi de la nueva ayuda de 426 euros para parados sin protección para evitar un nuevo conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional, al considerar que esta prestación debe gestionarse a través de Lanbide.
La puesta en marcha de esta nueva ayuda ha sido acordada hoy en una reunión entre el presidente, Mariano Rajoy, y los agentes sociales.
En un comunicado, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha recordado que la anterior ayuda similar, de 400 euros para parados de larga duración, también fue recurrida el pasado año.
A juicio de la institución vasca, estas prestaciones deberían ser gestionadas a través del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, al estar incluidas en la transferencia de Políticas Activas de Empleo conseguida en 2010.
Por otro lado, el Ejecutivo ha anunciado su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Protección de Trabajadores a Tiempo Parcial, por relegar a Lanbide a "mero comunicador" de las infracciones cometidas por las personas que cobran prestaciones y subsidios, sin capacidad sancionadora.
El Departamento de Administración Pública y Justicia ha explicado que se presentará el recurso tras haber fracasado el intento de acuerdo previo en la comisión bilateral formada por ambos ejecutivos.
En concreto, ha recurrido parte de los artículos 7 y 8 de la ley, que atribuyen al Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal o del Instituto Social de la Marina, la capacidad en exclusiva de iniciar los procedimientos sancionadores cuando beneficiarias de prestación o subsidio por desempleo, al terminar su contrato a tiempo parcial, no renueven su demanda de empleo sin causa justificada.
Asimismo, le otorga la competencia para sancionar cuando las personas que reciben prestaciones o subsidios por desempleo cometan infracciones leves, como la de no facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de las notificaciones y comunicaciones.
El Gobierno Vasco ha recordado al Ejecutivo central que las competencias para el inicio del procedimiento sancionador y para imponer las multas en el caso de las infracciones leves son funciones "que no tienen ninguna relación directa con el régimen económico de la Seguridad Social".
"Se trata de funciones accesorias y facultades de supervisión propias de las materias asumidas con la competencia de ejecución de la legislación de Seguridad Social", ha considerado.
Asimismo, el Departamento ha advertido de que, aunque el Gobierno central "quisiera sostener erróneamente que estas materias son parte del régimen económico de la Seguridad Social", Euskadi es la "única comunidad autónoma que tiene reconocida la competencias en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social".
Así, ha reivindicado que el Estatuto de Gernika avala la posibilidad de ejercer estas funciones respecto a estos procesos sancionadores.
Por ello, ha insistido en que el Gobierno español, "se está extralimitando en su regulación y relegando a Lanbide a un mero comunicador de la infracción, sin ninguna capacidad" para iniciar o resolver el proceso sancionador.
Durante esta legislatura, el gabinete de Iñigo Urkullu ya ha interpuesto ocho recursos y dos conflictos positivos de competencias por invasiones competenciales por un total de diez normas aprobadas por las Cortes Generales.
