El profesor que denunció a Figar aporta más documentación a la justicia
El querellante aporta el expediente de supresión del grado de sociología en la URJC alegando que las solicitudes no tienen “ningún tipo de sello de salida y de registros de salida ni en la Consejería ni en la Unidad Administrativa” correspondientes
Madrid
La querella interpuesta por un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos contra la consejera Lucía Figar por suprimir el grado de sociología sigue sin estar admitida a trámite, pero acumula más documentación en la mesa de los jueces. El docente, que acusa a Figar de haber suprimido este grado de forma irregular y saltándose diversos procedimientos para evitar que la justicia pudiera obligar a ofrecer el grado, ha aportado nuevos documentos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid: el expediente por el que se suprime el grado de sociología de la URJC, según el profesor, con unas solicitudes en las que no figuran los sellos de entrada y registro de los órganos correspondientes.
Junto con este documento, según ha sabido la SER, la acusación aporta otros dos similares referidos a otros grados que sí llevan esos sellos. Explica el querellante que es necesario que las solicitudes de este estilo lleven tres sellos: el de entrada en la Consejería, otro de entrada en la unidad y otro de entrada en el órgano concreto. Los dos primeros serían automáticos y el tercero manual, según afirma. En el expediente que ha aportado al Tribunal, estos sellos no se aprecian en el expediente cuestionado, aunque sí la firma del rector.
“Esta ausencia de registros no acredita sino que se ha dictado la orden por la querellada, en relación al grado del querellante, sin ningún tipo de procedimiento administrativo: sin remisión de los expedientes, sin los informes preceptivos del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, etcétera”, explica el escrito.
Según la teoría del profesor, Lucía Figar maniobró saltándose los procedimientos para evitar que el grado de sociología se ofertase ese año: un juzgado de lo contencioso-administrativo, a petición de este mismo profesor, había prohibido como medida cautelar que la Universidad pudiese quitar este grado de sociología, y lo único que podía dejar sin efecto las medidas cautelares era una intervención de la Comunidad de Madrid. Pocos días después, era la consejería de Figar la que ordenaba esta supresión, anulando las cautelares, según el profesor algo que se hizo “única y exclusivamente para salvar a la URJC de las medidas cautelares adoptadas”.
Asegura el escrito presentado al Tribunal que la querella debe ser admitida a trámite “para la mejor y más profunda investigación de los hechos narrados”, denunciando que Figar “dictó una resolución sin motivación alguna y sin seguir procedimiento administrativo alguno”.
