El Gobierno no vigila la actividad privada de altos cargos y asesores
Sostiene que la ley no le obliga y que hacerlo podría vulnerar libertades e insta al Parlamento vasco a regular ese seguimiento
Josu Erkoreka en un momento de su intervención en la Comisión de Justicia del Parlamento vasco / PARLAMENTO VASCO
Vitoria
El consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, ha admitido que el Gobierno vasco no controla, ni hace seguimiento de la actividad privada que desarrollan sus miembros, entre altos cargos y personal de confianza, porque no le obliga la ley y que sencillamente se fía de ellos que son los responsables de cumplir la norma.
Lo ha dicho el consejero, tras explicar en el Parlamento vasco a petición de EH Bildu el cese de José Ramón Fernández de Mendiola, ex directivo de Hiriko que, tras perder su empleo, fichó el propio Erkoreka como asesor informático y, estando ya en la administración, se asoció a una mercantil fundada por su ex jefe que no comunicó. Una información periodística destapó ese 'olvido' que finalmente le costó el puesto.
Erkoreka ha subrayado que la actuación de su asesor fue "desleal" e “irregular" en el fondo y la forma porque “hizo lo que tenía prohibido hacer por norma y no comunicó”. En todo caso, el consejero ha querido poner en valor su reacción que fue “rápida y radical”, forzando la dimisión inmediata del Fernández de Mendiola.
Sin embargo, las explicaciones de Erkoreka no han satisfecho a EH Bildu que, tras subrayar que se trata de un ejemplo “de puerta giratoria de libro”, ha manifestado su temor porque no sea un “caso aislado”.
Preguntado por la coalición aberztale sobre la existencia de algún protocolo que vigile las actividades privadas de altos cargos y asesores, el consejero ha reconocido que no existe y que el Ejecutivo se limita únicamente comprobar si existen incompatibilidades en la declaración de actividades que están obligados a realizar al incorporarse al pusto.
"Están obligados a hacer una declaración, pero es su responsabilidad que sean veraces o no", ha explicado Erkoreka, que ha admitido que no hay control, ni seguimiento porque “la norma no obliga” y hacerlo podría ser incluso ilegal al vulnerar “libertades individuales”.
“Si lo manda la ley si, pero sin una cobertura legal, creo que es dudoso que el Gobierno pueda hacer por su cuenta esas investigaciones” ha asegurado Erkoreka al tiempo que ha animado al Parlamento a regular ese déficit de la Ley de incompatibilidades.
Según Igor López de Munain, parlamentario de EH Bildu “ni se hace ni hay voluntad de hacerlo”.
