La Audiencia comunica a mediodía la lista de imputados en el PGOU
Expectación ante la posible imputación de Javier León de la Riva y Manuel Sánchez en la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana
Valladolid
La cuenta atrás finaliza a las doce del mediodía de este jueves 30 de octubre de 2014, cuando la Audiencia Provincial de Valladolid emitirá el dictamen sobre el caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana, un asunto muy relevante ante la gravedad de los delitos y ante la posibilidad de que se incluya al alcalde, Javier León de la Riva, según solicitó la Fiscalía y la acusación popular, que representa a la Federación de Vecinos.
Por cierto, el alcalde, tras dos días sin ningún acto informativo, ha convocado mañana a la misma hora una rueda de prensa sobre un asunto menor, vinculado al Concurso de Pinchos.
El alcalde y el concejal de Seguridad en un pleno del Ayuntamiento
El alcalde y el concejal de Seguridad en un pleno del Ayuntamiento
Son varias las posibilidades que tienen los magistrados: anular el auto de imputación del Juzgado de Instrucción número 1 -algo improbable, según fuentes del caso consultadas por la SER- ; ordenar la práctica de nuevas diligencias judiciales -opción con escasas posibilidades-, o establecer de forma nítida el número de imputados al aceptar o rechazar los distintos recursos.
La lista de imputados en el auto judicial del 31 de julio de 2013 incluía los siguientes nombres: Alvarez Aller, Mezquita Hervas, Luís Angel Lavín, Barca Sebastián, Astorga Ruiz; José Luís González Torres y Javier González Torres, Pastrana González y José Luís Mayordomo Martínez (anterior presidente del Club Baloncesto Valladolid).
Los delitos que imputó el juez de Instrucción número 1 de Valladolid están vinculados a la corrupción: contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios. Las empresas que presuntamente cometieron estos delitos son cuatro: Vallenava Capital, Progot Valladolid S.L., Capitol Promociones XXI S.L. y Parkosa S.L.
El auto establece que estas personas se pusieron de acuerdo con el concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, para obtener por vía del articulado y planos determinadas modificaciones solicitadas por las empresas.
León de la Riva y José Antonio García de Coca, junto a otros concejales del PP, en la inauguración de VIVA el 18 de julio de 2006
León de la Riva y José Antonio García de Coca, junto a otros concejales del PP, en la inauguración de VIVA el 18 de julio de 2006
Los cambios permitieron incrementos de edificabilidad, facilidades para descatalogar inmuebles protegidos y autorización para realizar intervenciones en edificios catalogados. Incluso se permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico y la conversión de granjas agropecuarias en complejos residenciales.
Tres casos ilustran el alcance de la manipulación del PGOU, puesto que el documento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia era diferente al aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Valladolid .
En la carretera de Madrid el pleno aprobó una promoción de 9 chalets adosados en las inmediaciones de Renault. La condición era que la parcela mínima debía tener 2.000 metros. Sin embargo, los promotores se encontraron con la posibilidad "legal" de construir sobre parcelas de 300 metros. El resultado era claramente favorable a la empresa: podían edificarse 124 viviendas donde antes eran sólo 9 viviendas.
En la manzana del edificio de Cáritas, junto a la calle Simón Aranda, la manipulación ha permitido a la empresa una mayor edificabilidad y evitar trámites administrativos. Con los cambios se eximía a los propietarios la obligación de ceder el 15 por ciento del suelo para espacios libres públicos y equipamientos. De este modo, se sortea también la obligatoriedad de reservar plazas de aparcamiento libres en la calle.
Otros cambios permitieron a la sociedad Parkosa ejecutar un complejo residencial para personas mayores, con apartamentos tutelados en Arca Real, gracias a un cambio muy relevante en el artículo del PGOU.
Los argumentos del fiscal para imputar a León de la Riva
La Fiscalía solicitó la imputación del alcalde y el concejal de Seguridad, Manuel Sánchez, por el "convencimiento objetivo derivado de las diligencias practicadas, así como en las resoluciones adoptadas y los datos a que tuvieron acceso por su cargo, uno y otro de su jerarquía en la estructura municipal, y del alcance de sus atribuciones".
En los argumentos de la acusación pública se incluyó una puntualización sobre el auto judicial:
"No se ha descrito de qué forma los técnicos municipales imputados que no intervenían ni en las Juntas de Gobierno ni en los Plenos municipales consiguieron ocultar tales irregularidades, cuando había informes negativos de los arquitectos municipales en los expedientes y recursos en los que se alegaban manipulaciones en el PGOU, ni de qué modo lograron que los responsables municipales hicieran caso omiso de los mismos, no leyeran documento alguno ni cómo obtuvieron el apoyo de los demás concejales del grupo mayoritario, en el que el sentido del voto fue siempre unánime".
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, que ejerce la acusación popular, también solicitó la imputación de los dos políticos del Partido Popular por su implicación en el caso.
