Oleguer Pujol queda en libertad con cargos tras negarse a declarar en la comisaría

La policía judicial registra siete inmuebles vinculados a Oleguer Pujol en el marco del sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra Oleguer Pujol por los delitos de blanqueo y fraude fiscal. Operación dirigida por el juez, Santiago Pedraz, y la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que se persigue documentación sobre distintas operaciones del pequeño del clan Pujol, entre ellas, la compra de un hotel en Canarias.

Oleguer Pujol ha quedado en libertad imputado por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, tras negarse a declarar en la comisaría de La Verneda de Barcelona donde la Policía Nacional lo ha trasladado después de registrar durante siete horas su domicilio.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha sido trasladado a la comisaría en calidad de detenido pero ha quedado en libertad con cargos después de negarse a prestar declaración, asistido por su abogado.

La Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, registra siete viviendas y empresas del hijo del expresident en Barcelona, Madrid, Melilla y Valencia.

El juez pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron, por ejemplo, 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compraventa de inmuebles del Grupo Prisa en Madrid y en Barcelona, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y otras operaciones inmobiliarias así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

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El magistrado ha puesto en marcha un amplio operativo policial para encontrar documentación sobre las operaciones económicas llevadas a cabo en paraísos fiscales y en el territorio nacional por parte del hijo varón menor del clan Pujol, con el objetivo de evitar su destrucción y asegurar su conocimiento, según fuentes jurídicas consultadas por la SER. Se ha procedido a la incautación de numerosa documentación, archivos informáticos y al bloqueo de cajas de seguridad en las empresas.

Las sociedades inversoras objeto de investigación son propiedad de sociedades no residentes. Se investigan ampliaciones de capital entre sociedades residentes y no residentes, inversiones que no parecen tener financiación suficiente, hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

En este procedimiento se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, actúa después de admitir a trámite, el pasado 1 de octubre, la querella presentada por Podemos y Guanyem en la parte referida contra Oleguer Pujol.

Según expuso el juez en su auto, Oleguer Pujol Ferrusola habría obtenido "una importante cantidad de dinero" de "origen desconocido", alrededor de ocho millones de euros, procedente de las "Islas Vírgenes", un territorio considerado paraíso fiscal, para la adquisición de un hotel en las Islas Canarias.

También se investiga la participación de Oleguer Pujol en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda, y otras sociedades en las que participa o figura como administrador a través de la empresa Drago Mediterranean Holding Cooperatief UA, constituida en Países Bajos, con posibles matrices en las Antillas Holandesas: otro palmeral financiero.

A juicio del magistrado, estos hechos "serían constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y de otro posible contra la Hacienda Pública, y tratándose de un delito cometido en el extranjero y que supondría una defraudación que puede producir una grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional, efectivamente serían competencia de esta Audiencia Nacional".