El PNV ve "grave" la investigación del Tribunal de Cuentas
El grupo municipal del PNV de Vitoria considera "grave" que el Tribunal de Cuentas del Estado extienda la depuración de responsabilidades sobre el alquiler de las oficinas municipales de San Antonio
Vitoria
El alquiler de los locales de la calle San Antonio, propiedad del empresario Gonzalo Antón, se firmó en 2007 cuando era alcalde de Vitoria el popular Alfonso Alonso y el actual primer edil era concejal de Hacienda. El arrendamiento se hizo por un periodo de 20 años y supondrá al Ayuntamiento entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local.
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital alavesa acordaron el pasado mes de abril remitir la documentación sobre este contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, que ahora ha pedido datos no sólo sobre la actuación de Maroto y de Alonso, sino de todos ediles que formaban parte del equipo de gobierno del PP.
La delegada instructora nombrada para investigar este caso ha dado además un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento remita datos compulsados sobre cómo se acordó el arrendamiento, los pasos previos a su aprobación por la junta de gobierno, el contrato suscrito, las modificaciones del mismo, los pagos realizados y los informes que sustentaron las decisiones adoptadas.
También se pide identificar a las personas que votaron en la junta de gobierno y su sentido del voto.
El portavoz del PNV de Vitoria, Gorka Urtaran, ha destacado en un comunicado el hecho de que ya no sólo está "bajo sospecha" el actual alcalde y el excalcalde Alfonso Alonso, sino "el Partido Popular de Vitoria" en su conjunto, lo que a su juicio "otorga mayor gravedad" a este asunto.
Igualmente cree "muy serio" que el Tribunal haya dado al alcalde un plazo de quince días para enviar información detallada sobre este caso, lo que le hace pensar que ve "indicios de posibles irregularidades".
Urtaran añade que ahora que Maroto apoya la recogida de firmas para endurecer los requisitos de acceso a la RGI aproveche esa iniciativa para conocer la opinión de los vitorianos sobre la gestión de dicho alquiler, porque "eso sí que indigna a la ciudadanía".
