El Tribunal de Cuentas da 15 días a Maroto para entregar la documentación sobre el 'caso San Antonio'

Vitoria

Quince días. Es el plazo que la instructora del Tribunal de Cuentas del Estado ha dado al Gobierno de Maroto para que entregue toda la documentación relacionada con el polémico alquiler a Gonzalo Antón de sus locales de San Antonio. La exigencia de los documentos fue firmada el pasado 14 de octubre y llegó al Ayuntamiento el día 20.

El Tribunal de Cuentas del Estado investiga desde hace meses las irregularidades que pudieron beneficiar a Gonzalo Antón con la decisión del Gobierno de Alfonso Alonso en 2007 de alquilarle los locales con una renta y unas cláusulas muy ventajosas. De hecho, en la comunicación enviada al Ayuntamiento, el organismo estatal cita un escrito del Ministerio fiscal del pasado 18 de junio que apunta a esas irregularidades.

La investigación del Tribunal de Cuentas la está dirigiendo la 'Unidad de actuaciones previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables' y se inició en mayo, cuando el alcalde, forzado por PNV, PSE y EH Bildu, entregó al Tribunal el expediente de la comisión de investigación sobre los locales de San Antonio.

Entre las peticiones de documentación, el Tribunal reclama un informe en el que se determine "las personas que participaron" en la Junta de Gobierno del 9 de febrero de 2007 en la que se aprobó el alquiler, "indicándose el sentido de su voto y su domicilio a efectos de notificación en el presente procedimiento". En aquel Gobierno de Alonso participaba el actual alcalde, Javier Maroto, como concejal de Hacienda

También pide -según el escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER- una copia autentificada del informe "por el que se justificó la inclusión en el contrato del pago de un precio mensual por arrendamiento superior al fijado en el informe de la técnica de valoraciones".

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El Tribunal de Cuentas, además, quiere tener en sus manos una copia del contrato suscrito entre Alfonso Alonso y Gonzalo Antón, así como la certificación de todo lo que el Ayuntamiento ha pagado hasta ahora al empresario.

Asimismo, el organismo quiere conocer la identidad del interventor que suscribió los informes sobre este contrato. También solicita diversa documentación sobre normativas municipales y que "se facilite cualquier otro dato, documento o informe que pueda resultar de interés para esta instrucción contable".