Alaya acusa a la Junta de conceder 950 millones a la formación sin justificar

La Junta ha exonerado o permitido no justificar 950 millones de euros en subvenciones a la formación a fecha de octubre del año pasado. Son ayudas no justificadas correspondientes a cuatro ejercicios. Una circunstancia contraria a la Ley de Subvenciones. Así lo dice la jueza Mercedes Alaya en el auto de imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, por la ayudas concedidas a la multinacional Delphi. La magistrada recoge esta cantidad porque así lo ha declarado como testigo ante la Guardia Civil el Director General de Formación Profesional.

Alaya cita a declarar a Fernández el 16 de octubre como imputado por los supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. La jueza explica que concedió supuestamente subvenciones a la formación para Delphi con ausencia de procedimiento. También permitió la subcontratación de actividades formativas sin estar permitido y concedió becas a los trabajadores por asistencia a los cursos por encima del máximo legal establecido. El exconsejero de Empleo también dictó resoluciones de exoneración de la justificación de esas subvenciones a las entidades beneficiarias en contra de la Ley de Subvenciones, lo que permitía que esas entidades resultaran beneficarias de más ayudas en el siguiente ejercicio económico. La ley prevé que las exoneraciones sean la excepción y no la forma habitual de proceder.

Esta investigación, en la que Antonio Fernández es el primer exalto cargo de la Junta imputado, afecta a las ayudas del gobierno andaluz a la formación dadas a sindicatos y otras entidades.

El exconsejero de Empleo también está imputado en el caso de los ERE y estuvo en prisión cuatro meses. Antonio Fernández ocupó el cargo entre 2004 y 2010.