El Supremo ordena por segunda vez en tres años derribar la Biblioteca de la capital grancanaria
El Alto Tribunal declina razones de "interés general" para que el Ayuntamiento evite una demolición que ya sentenció en 2011
Las Palmas de Gran Canaria
Lo dice el Supremo, y lo hace por segunda vez en tres años: La Biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, inaugurada hace una década junto a la avenida marítima de la capital, tiene que tirarse abajo. Es lo que establece una sentencia conocida este martes que rechaza aquellos argumentos del Ayuntamiento, defendidos en su día por el exalcalde Jerónimo Saavedra, de que se trata de un edificio de interés general. Pero el Supremo dice que no, que da igual que sea una biblioteca o un museo: es ilegal y hay que echarla abajo.
Ya en enero de 2011 el Supremo ordenó la demolición y la administración municipal se apresuró a negociar una solución con los denunciantes, la comunidad de vecinos del edificio San Telmo, que antes de que se construyera el inmueble cultural estaba en primera línea y con vistas al mar. Los perjudicados iniciaron la batalla contra el Ayuntamiento nada más autorizarse la operación, siendo alcalde José Manuel Soria, hoy ministro de Industria, Energía y Turismo.
Desde la Alcaldía de la capital grancanaria, Juan José Cardona opta por ahora por guardar silencio sobre este asunto, al contrario que el grupo mayoritario en la oposición. Isabel Mena, portavoz del grupo socialista, se ha apresurado a exigir responsabilidades políticas a Soria, y también a sus compañeros de la corporaciones que otorgó la licencia ilegal, entre ellos un parlamentario regional del Partido Popular y el propio alcalde actual.
La ilegalidad con la Biblioteca la cometió la comisión de gobierno municipal que regía los destinos del Ayuntamiento en 1997, al conceder la licencia de obras al Ministerio de Cultura sin elaborar previamente un plan especial que ordenara el entorno, como aconsejaban los técnicos municipales. En aquel tiempo el alcalde era José Manuel Soria, hoy ministro; el concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez Pérez, hoy diputado autonómico; y el titular de Tráfico y Transportes y segundo teniente de alcalde era el actual regidor, Juan José Cardona.
