Javier Maroto, reprobado
Por primera vez en la historia democrática del ayuntamiento vitoriano, el primer edil recibe la reprobación de la oposición
Vitoria
Por primera vez en la historia democrática de Vitoria un alcalde ha sido reprobado por el pleno municipal. Socialistas PNV y EH Bildu han tomado juntos esta decisión que condena simbólicamente al alcalde por, "mentir reiteradamente" en relación al contrato de alquiler de los locales de San Antonio que alberga oficinas municipales y cuya contratación se remonta al año 2007, cuando era concejal de hacienda
Javier Maroto alcalde de Vitoria reprobado por la oposición en la primera acuación de este tipo en la historia democrática del ayuntamiento gasteistarra.
Javier Maroto alcalde de Vitoria reprobado por la oposición en la primera acuación de este tipo en la historia democrática del ayuntamiento gasteistarra.
PNV, PSE y Bildu han unido sus votos para sacar adelante la reprobación -a la que se ha opuesto el PP-, en la que se critica el "blindaje" del alquiler durante veinte años y en la que se afirma que el comportamiento del alcalde ha sido "opuesto a la debida transparencia".
El pleno también ha aprobado, a instancias del PNV, trasladar el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación al Tribunal de Cuentas de España, que es el competente en esta materia. El citado dictamen ha sido aprobado, al igual que lo fue en la comisión, con la oposición del grupo popular, el respaldo de nacionalistas y socialistas y la abstención de la coalición soberanista, que entiende que el texto "se queda corto".
Fuentes de Bildu han informado que, como su propuesta de poner este asunto en conocimiento de la Fiscalía no ha salido adelante (ya fue rechazada en la comisión), será el propio grupo político el que reúna la documentación y se la transmita al Fiscal Jefe de Álava, Josu Izaguirre.
El alquiler de los locales de la calle San Antonio se firmó en 2007 cuando el popular Alfonso Alonso -cuya dimisión también ha pedido la comisión- por un periodo de 20 años y supondrá al Ayuntamiento entre 6 y 7 millones de euros, más del doble de lo que costó el local.
El alquiler se suscribió con una cláusula de blindaje y con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de 9 puntos por encima del IPC. Además, el consistorio fue quien sufragó las obras de acondicionamiento (1,2 millones).
El pasado noviembre Maroto renegoció el contrato y consiguió rebajar el alquiler en un 30 %, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación. Sin embargo, la comisión de investigación consideró que al alcalde había negociado con el propietario al crearse este grupo de investigación.
