La Audiencia reabre la investigación por presunta agresión a menores en Zapadores
Los menores fueron repatriados a Argelia antes de que pudieran prestar declaración en el juzgado
Valencia
Los menores habían llegado en patera a Almería, y fueron trasladados al Centro de Internamiento de Zapadores, a pesar de ser menores. Tras la denuncia de la agresión, fueron expulsados de España.
El ocho de abril de 2012, once personas llegaron a la costa de Níjar en Almería, que fueron detenidas nada mas desembarcar, y cinco de ellas enviadas al centro de Zapadores en Valencia. Al menos tres de ellos aseguraron ser menores de edad.
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Según su declaración, en la madrugada del 28 al 29, dos agentes de la policía entraron a registrar la celda que compartían con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando. Salieron sin econtrar nada, pero, según el relato de los menores, a los pocos minutos uno de los agentes volvió y arremetió contra ellos, golpeandoles con las manos y con la porra.
A instancia de las víctimas, el equipo médico y jurídico de la ONG Campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, elaboró un informe sobre las lesiones provocadas, como contusiones en la cara, cuello, torso y brazos, y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado para que fueran puestos en libertad porque se produjo una detencion ilegal de menores y se vulneró el derecho a la integridad física de estas personas.
El juez desestimó el habeas corpus, aunque continuó abierta la investigación iniciada por la denuncia de malos tratos en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia. También se formalizó un recurso de alzada ante la Subdelegación del Gobierno en Almería, para que se suspendiera la expulsión de estas cinco personas ya que tres de ellas eran menores y para que pudieran practicarse las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos. Sin embargo fueron expulsados pocos días después. Cuando el juzgado les citó para declarar, se inició un procedimiento para que las víctimas pudieran declarar a través del consulado, pero el juzgado decidió archivar el caso en septiembre de 2013 sin tomar declaración a nadie.
Ante esta decisión se presentó un recurso ante la Audiencia que ahora ordena reabrir las investigaciones y cuestiona, según la ONG Campaña por el Cierre, la respuesta gubernamental de que las acusaciones de agresión carecían de base.
Esta asociación, que pone a disposición de estos inmigrantes diversas ayudas y servicios, como abogados y médicos, valora muy positivamente la decisión de la Audiencia.
