Caso Madrid-Arena: Interior desconoce sus competencias en materia de espectáculos
El ejecutivo central tarda unos seis meses en contestar por escrito al grupo socialista del Congreso
Las respuestas del departamento de Fernández Díaz causan perplejidad entre las familias de las víctimas
Casi seis meses ha tardado el Ministerio del Interior en contestar la batería de preguntas que la oposición le ha formulado en el Congreso de los Diputados. Y las respuestas no puede estar más alejadas de la realidad, tan alejadas que han causado perplejidad entre los abogados de las familias de la víctimas y entre los propios diputados.
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Las respuestas del ejecutivo central son inconcretas, denotan un absoluto desconocimiento de los hechos y lo más paradójico demuestran la ignorancia del Ministerio del Interior sobre funciones de la policía nacional en la inspección previa de espectáculos, según han comentado a la Cadena Ser varios de los letrados de las víctimas.
De todas las respuestas, baste solo un ejemplo: el departamento de Jorge Fernández Díaz señala en una respuesta que la policía nacional carece de competencias de inspección en este tipo de eventos, cuando el sumario del caso confirma la existencia de una brigada de seguridad ciudadana en Madrid cuyos efectivos recorrieron horas antes de la tragedia las instalaciones del Madrid-Arena.
Hay un informe oficial entregado al juez de la Delegación del Gobierno asumiendo esas funciones y por si fuera poco, por espacio de varias horas, las grabaciones de las cámaras de seguridad recogen a los agentes de esta brigada en el interior del edificio. Este informe oficial está firmado por el responsable de esa brigada y entregado al juez el Agosto pasado.
Desde el PSOE, su diputada nacional Ángeles Alvarez ha denunciado la tardanza del ejecutivo central en enviar las respuestas- unos 6 meses- a la vez que ha resultado imposible realizar desde la oposición la labor constitucional de control al gobierno.
Alvarez subraya que el Ministerio del Interior no ha ofrecido ninguna explicación sobre la empresa de seguridad privada Seguriber, cuyos responsables están imputados.
Ángeles Alvarez. Diputada socialista en el Congreso
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