El incumplimiento de la nueva Ley de Transparencia podría acarrear el cese de cargo público
Andalucía sancionará con hasta 400.000 ¤ a entidades que no den información
El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Transparencia Pública, que obliga a todos las instituciones y entidades, públicas o privadas, a rendir cuentas y que prevé sanciones de hasta 400.000 euros a las que no faciliten información y, en su caso, la destitución de cargos públicos
La ley de transparencia pública, cuyo proyecto ha aprobado el consejo de gobierno y remitido al parlamento, obliga a las instituciones y entidades, públicas o privadas, a rendir cuentas a los ciudadanos, y prevé sanciones que pueden llegar hasta los 400.000 mil euros para quienes no faciliten esa información, o incluso la destitución de sus cargos públicos.
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De esta forma el gobierno de Susana Díaz pretende recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en la gestión pública, según ha explicado el consejero de Presidencia, Manuel Jimenez Barrios, quien además ha señalado que "la vocación de esta ley es forzar la maquinaria para llegar a la máxima transparencia". El consejero de presidencia también se ha mostrado convencido de que la norma andaluza está "a la altura de lo que demanda la ciudadanía" porque "abre de par en par" las administraciones, lo que supone -ha dicho- un "hito".
La nueva norma prevé la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones para resolver cualquier duda respecto a la concesión de ayudas y cuyas resoluciones serán públicas, así como del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, que tendrá un director desginado por mayoría absoluta del parlamento.
La ley, que está abierta a nuevas aportaciones y que no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que se pueda adaptar a la estructura de la Administración, garantiza el acceso de los ciudadanos a la información en un plazo máximo de veinte días.
