La Guardia Civil informa que ha detectado un supuesto enriquecimiento ilícito de Antonio Rivas
Alaya investiga las cuentas bancarias de dos familiares de Rivas, que declarará el viernes después de llevar tres años imputado
La Guardia Civil informa en un oficio a la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, que el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, "según la información de distintos organismos oficiales", supuestamente ha incrementado su patrimonio de forma ilícita. Cosa que hay que "cuantificar y confirmar". Según desvela la UCO, una de sus nueras ha trabajado en una de las sociedades vinculadas al intermediario Juan Lanzas en 2007, 2008 y 2009. Como consecuencia de esta información, la magistrada ordena a la Asociación Española de Banca Privada que recabe información bancaria, nacional e internacional, sobre distintas personas, entre ellas María Ángeles Rivas Romero y una hija del "conseguidor" Juan Lanzas.
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Por otro lado, la magistrada solicita a UGT en el País Vasco y a CCOO en el País Vasco y a distintas federaciones de estos sindicatos los números de cuentas con los que operan de forma habitual.
Alaya explica en un auto que sigue profundizando en el flujo del dinero que salió de la Junta para las prejubilaciones y sigue, también, comprobando cuánto dinero llegó a los sindicatos o a sus federaciones desde las empresas tramitadoras Vitalia y Uniter. Según dice, no coinciden las sobrecomisiones que supuestamente han cobrado UGT Y CCOO con lo que han declarado a Hacienda.
el desarrollo de la investigación "ha puesto de manifiesto que la sociedad Canal Baeza y La Loma forma parte del entramado societario" aludido, "así como la utilización de cuentas bancarias titularidad" de la hija de Lanzas, María Lorena Lanzas Sierra, "para el trasvase de fondos indiciariamente de origen ilícito".
La Guardia Civil anuncia que "también se ha podido determinar la vinculación de Lanzas" con la Asociación Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, asociación en la que ostentaba el cargo de presidente y que "habría solicitado ayudas públicas ante la Junta".
A fin de "poder confirmar" lo anterior y de "determinar el fin último dado a los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas", el Instituto Armado pide a la juez que ordene a la Asociación Española de Banca Privada (AEB), a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que recabe de sus asociados información sobre los productos -cuentas, préstamos bancarios, cajas de seguridad, transacciones, movimientos de capitales...- de los que pudieran ser titulares cinco personas, entre ellas, María Angeles Rivas Romero, María Lorena Lanzas Sierra, así como Canal Baeza y La Loma y la Asociación Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.
La Guardia Civil también reclama que tanto la AEB como la Unacc y la CECA informen de los haberes existentes e identifiquen a otras personas que figuren en estos productos, y que en el caso de cuentas corrientes o de ahorros faciliten el listado de los movimientos habidos desde el 1 de enero de 2001 hasta la actualidad.
Tras ello, la juez Alaya ha dictado un auto en el que acepta esta petición "a fin de aclarar no sólo los verdaderos beneficiarios de las ayudas sino las operaciones comerciales mantenidas entre las empresas tramitadoras de expedientes, mediadoras, despachos de abogados, etc", para lo cual "se hace necesario un estudio sobre la información registral de las empresas beneficiarias y un análisis financiero vinculado con determinadas personas físicas o jurídicas relacionadas con los hechos".
