María José Sánchez Rubio: "Nosotros defendemos la salud de las personas"
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales contesta a la Ministra que la obligación de la administración, encomendada por la Constitución, "es no poner en riesgo la salud de las personas"
La consejera recalca, además, que el ahorro que supone la medida apenas es de 1.700.000 euros a nivel nacional, según cálculos oficiales que conoce el Ministerio, porque son las conclusiones del grupo de trabajo que se creó en la comisión de farmacia. Y señala que sus efectos son "enormemente graves" para los enfermos, "muchos de los cuales podrían verse abocados a dejar sus tratamientos"
Andalucía no aplicará la medida. Y está dispuesta a llegar hasta el final para defender los intereses de estos enfermos. Presentará un recurso de alzada ante el Ministerio y exige que la retire.
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Estos medicamentos se dispensan a día de hoy en las farmacias de los hospitales a enfermos graves, de cáncer o hepatitis C, entre otros, y a pacientes crónicos no ingresados. Son, por ejemplo, las quimioterapias orales. Los planes del Gobierno pasan porque estos enfermos, 60.000 en toda Andalucía, paguen el 10 por ciento del coste a partir del 1 de octubre. "Además sería inviable materialmente para nosotros poner en esto marcha , cambiar todo el sistema en apenas unos días", añade la consejera.
El ahorro que supone la medida apenas es de un millón 700 mil euros a nivel nacional, según cálculos oficiales que conoce el Ministerio, porque son las conclusiones del grupo de trabajo que se creó en la comisión de farmacia. Y este copago "lesiona gravemente los intereses de los pacientes afectados, muchos de los cuales podrían verse abocados a abandonar los tratamientos", según recalca la consejera, que ha pedido hoy al Gobierno que explique sus intenciones".
"No quiero ni pensar que esa intención pase por incorporar estas medicinas a la dispensación convencional en farmacias", alerta. Y es que la fórmula de dispensación hospitalaria vigente resulta más económica para las administraciones. De lo contrario, el sobrecoste para la Junta sería, como mínimo de 50 millones de euros.
