La justicia valenciana no ve indicios de momento para imputar a Barberá y Camps

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana devuelve al juez Castro el caso con varias consideraciones interesantes: indicios delictivos claros pero diligencias sin concluir que no permiten acreditar plenamente la participación directa de los aforados Rita Barberá y Francisco Camps

En el auto el tribunal superior de justicia valenciano afirma que no encuentra indicios suficientes como para afirmar, "por el momento", que los aforados hayan incurrido "de forma personal, directa y voluntaria" en los hechos investigados. Eso sí, en el fundamento de derecho segundo, el auto del alto tribunal afirma que no pueden negar que "los hechos parecen presentar claros indicios delictivos", y que los convenios para la celebración de hasta tres ediciones de los Valencia Summit, da la impresión de que se elaboraron con el fin de "vestir a priori el expediente".

Además, eso supuso un importante desembolso de dinero público. E incluye en ese razonamiento a la fundación Turismo Valencia en la que el ayuntamiento de Valencia delega la política turística y de la que el tribunal pone en duda su pretendida independencia y condición de fundación privada.

Tampoco niega el tribunal la existencia de presuntos encuentros en Zarzuela para cerrar esos convenios, pero considera que tal hecho no basta para sostener la responsabilidad de Camps y Barberá porque no está claro si en esos encuentros se cerró el trato porque incluso después intervinieron administraciones que ni siquiera han prestado testimonio todavía. Y en todo caso, no se pone de manifiesto una intervención directa de los aforados.

Tampoco "ninguna de las autoridades que participaron posteriormente en la firma de los convenios ha admitido haber recibido presiones directas de Camps y Barberá". Y señala el tribunal que, previamente a la intervención de Francisco Camps, hubo participación de personas con capacidad de gestión y decisión como el entonces vice presidente Víctor Campos a quien se le encomendó, meses antes, la tarea de valorar la forma en que el Instituto Nóos podría colaborar con la Comunitat Valenciana. También subraya la intervención de Esteban González Pons, conseller en ese momento de relaciones institucionales. Y concluye que si bien la decisión política de Camps "es cuestionable no es penalmente reprobable" con los indicios conocidos al igual que en el caso de la alcaldesa de Valencia.

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