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Devolver las ayudas supondría "la sentencia de muerte" del sector naval

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reconoce que le constan conversaciones informales pero asegura que Europa todavía no ha tomado una decisión en firme

Los astilleros vizcaínos pasan las horas con la mirada clavada en Europa. Durante las próximas semanas la Comisión Europea decidirá si pide a los astilleros que reembolsen las ayudas declaradas ilegales por Bruselas

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El sistema de las "tax lease", sistema de arrendamiento que utilizaban los astilleros españoles, fue suspendido hace dos años a raíz de una denuncia presentada por Holanda, a la que después se sumaron Alemania, Reino Unido o Francia. Ahora estas ayudas vuelven al centro del debate porque los comisarios de los 27 tienen que resolver si piden o no su devolución. En el primer caso -y según figura en el borrador filtrado- los astilleros tendrían que reintegrar los 3.000 millones de euros que debían haber abonado a las administraciones públicas durante los últimos años. Una cantidad inasumible para las empresas del sector y en palabras del portavoz del ejecutivo de Lakua, " la sentencia de muerte definitiva para la industria naval vasca". Erkoreka recordaba que emplea a miles de trabajadores "tanto de forma directa como a través de la industria auxiliar". Para concluir admitía que no está en manos del ejecutivo vasco resolver esta situación.

Los aludidos señalan directamente a Madrid. El presidente de Zamakona, en declaraciones a Radio Bilbao, califica de "barbaridad" la postura del comisario Almunia. La sociedad que agrupa a la veintena de astilleros de todo el país, PYMAR, ha remitido al comisario bilbaíno una carta para expresarle su preocupación por el futuro del sector. Advierten que devolver las ayudas "estigmatizará para siempre el sector y ahuyentará definitivamente a los inversores y financiadores del negocio naval". Desde Zamakona, Pedro Garaigordobil añade que, si no modifica su intención, el Gobierno de Rajoy acudiría al Tribunal de Luxemburgo. En ese caso se repetiría la historia de las denominadas "vacaciones fiscales vascas" y prolongarse durante una década.

"Es inasumible que devuelvan 1.000 millones en cuatro meses", alerta la consejera de Competitividad

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