Visto para sentencia el juicio contra el despido de 60 orientadores de empleo en el ECYL

UGT habla de discriminación en los despidos, hubo fraude de ley en la contratación y pone en duda la legitimidad del comité inter centros a la hora de tomas las decisiones. La Junta de Castilla y León rechaza los argumentos de UGT y mantiene la insuficiencia presupuestaria para mantener estos contratos porque finalizó la subvención estatal. UGT recuerda que actualmente la Junta ha habilitado una partida presupuestaria para que las diputaciones puedan contratar orientadores de empleo

La validez de la comisión negociadora, la legitimidad del comité inter centros como órgano de decisión, discriminación en los despidos, fraude de ley en los contratos, y la insuficiencia presupuestaria. Son los argumentos expuestos hoy en el juicio por el despido de 60 orientadores de empleo en el servicio de la Junta de Castilla y León, el ECYL.

Entorno a una docena de afectados han estado presentes en el juicio donde la parte demandante, ejercida por UGT, ha insistido en que hubo discriminación al distinguirse entre unos y otros orientadores cuando ejercían el mismo trabajo de información a los desempleados. Hubo fraude de ley porque la propia Junta ha reconocido que siguieron desempeñando sus funciones hasta el momento del despido cuando el programa al que pertenecían había finalizado, y se ha puesto en duda la representatividad y capacidad de decisión del comité inter centros en esta negociación, como indicaban en la SER los propios afectados, que se muestran esperanzados.

La abogada de la Junta de Castilla y León ha insistido en que la demanda contra estos despidos se presentó fuera de plazo y ha rechazado los argumentos de UGT al insistir en que estos orientadores pertenecían a un programa estatal que finalizaba su subvención y por lo que terminaba también su presupuesto. Sin embargo, Mariví Gómez Caloca, de UGT Palencia, de donde partió la demanda, ha recordado que actualmente "la Junta ha destinado parte de sus presupuestos para que las diputaciones contraten orientadores de empleo", datos con los que se ha intentado echar por tierra los argumentos de la administración.