Lasquetty: "Las medidas en sanidad supondrán una mayor motivación de los profesionales"

Un total de 137 directivos de 322 centros de salud de la Comunidad de Madrid han presentado en el registro de la Consejería de Sanidad su dimisión en protesta por el Plan de Garantías de Sostenibilidad de la Sanidad, que entre otras medidas incluye la privatización de un 10% de los ambulatorios. Fernández-Lasquetty matiza: "Han entregado un documento en el que anuncian que, en caso de que el gobierno regional adopte determinadas medidas, dimitirán".

El consejero de Sanidad madrileño reconoce que, aunque no se manejan fechas todavía, está previsto adoptar las medidas porque "el objetivo es conseguir que, el momento más profundo de la crisis, sigamos con una sanidad de la máxima calidad".

Este miércoles está previsto que Fernández-Lasquetty se vuelva a reunir con los sindicatos: "Nosotros desearíamos que se nos propusieran medidas que supusieran una reducción de costes", asegura. Él, por su parte, afirma que con las medidas que tiene previsto adoptar la Comunidad de Madrid, se ahorrará 200 millones de euros al año. Aún así, el responsable de Sanidad explica que, "además de significar una reducción de costes, significa algo mucho más importante: una mayor motivación de los profesionales".

"En los últimos años, han sido muchos los médicos que me han pedido por qué no hacemos en algunos centros de salud lo que se hacía en Cataluña y en todo Europa, donde la atención primaria está llevada por médicos que trabajan libremente, que no son funcionarios", justifica. "Serán centros de salud tan públicos como los que hay en este momento pero podrán ser subvencionados por los propios profesionales, como cooperativas o sociedades de profesionales que asuman la gestión de su centro de salud". Eso sí, explica que "en el caso de que no hubiera suficiente profesionales que quieran ocuparse de la gestión, ya dejamos la puerta abierta a sociedades mercantiles".

Fernández-Lasquetty asegura que no se sentiría desautorizado por el gobierno central en caso de que éste finalmente interponga un recurso ante el Constitucional, como hizo con Cataluña: "A la vez el Gobierno es el que nos exige a las comunidades autónomas un cumplimiento muy estricto de las medidas de déficit".

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