Los trabajadores de la Agencia Laín Entralgo estudian demandar a Sanidad

Prosigue la cuenta atrás para la extinción de la Agencia de Formación e Investigación Laín Entralgo que cerrará sus puertas el 31 de diciembre a causa de los recortes. Los empleados, afectados por el primer ERE que aplica la Comunidad de Madrid a sus trabajadores, se proponen acudir a los tribunales. Dice la Comunidad que la Agencia se cierra por motivos económicos pero los afectados denuncian que no les dejan ver las cuentas que justifican el cierre.

5,3 millones de euros al año esperan ahorrar en la consejería de Sanidad con el cierre de la Agencia Laín Entralgo. En la Memoria del ERE (Expediente de Regulación de Empleo), a la que ha tenido acceso la SER, la Comunidad se escuda en que hay causas económicas para mandar a la calle a 88 trabajadores. Son el 84% de la plantilla, y entre ellos se encuentra el exdirector de la Agencia, Antonio Romero Plasencia, con la categoría de laboral indefinido, que ha tenido mejor suerte que el resto. Desde mediados de octubre es director gerente del Hospital del Tajo, en Aranjuez. Cuando hablan de causas económicas se refieren a que la Agencia es deficitaria, con unas pérdidas económicas de 6,5 millones de euros en 2012. "El dato es falso, y no está ni justificado ni documentado", según los representantes de los trabajadores dispuestos a acudir a los tribunales para frenar el ERE. "De momento, tal y como está la situación, todo apunta a que se denunciará el ERE, siempre que los trabajadores así lo acuerden, pero lo que se respira es esto, una demanda colectiva e incluso demandas individuales porque hay motivos", explica Ana Delicado, presidenta del comité de empresa.

El abogado Fernando Vizcaíno, socio del bufete Jiménez de Parga, contratado por Sanidad para ejecutar el ERE, se ha reunido en tres ocasiones con el comité de empresa. Durante el último encuentro, celebrado ayer, les hizo varias propuestas a cambio siempre de que aceptaran firmar los 20 días por año. La oferta, que no planteó por escrito, consiste en crear una bolsa de trabajo específica para los trabajadores despedidos, sin garantías de recolocación, y enviar sus datos a varias Empresas de Trabajo Temporal. Verbalmente se les ofreció además que los 8 empleados que colaboran con la Agencia para el Plan Nacional de Calidad del ministerio de Sanidad puedan acabar los proyectos que tienen en marcha, a cuyo término se irían a la calle como el resto de sus compañeros. "En realidad, eran propuestas muy poco concretas, sin plan de recolocación, todo muy vago y a expensas de aceptar un acuerdo cuyas condiciones son inaceptables", precisa Ana Delicado.

La consejería insiste en que la renovada Dirección General de Investigación e Infraestructuras, que dirige Miguel López-Bravo, asume las funciones de la Agencia aunque no disponen ni de los profesionales ni de los conocimientos para hacerse cargo de los proyectos. Olvidan decir además que hay departamentos de prestigio internacional como la UETS, la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que aporta muchos recursos al recibir fondos, entre otros, del ministerio de Sanidad.