Los conciertos sin butacas ya estaban prohibidos por el Ayuntamiento en el Madrid Arena
Un informe municipal del 2010 establece que los espectadores sólo pueden ocupar la mitad de la pista y tienen que estar sentados. El aforo máximo permitido es de 8.649 personas
El informe del 2010 de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación refleja que el edificio "multifuncional" Madrid Arena puede simultanear distintas actividades y estipula un aforo concreto para cada una de ellas. Se contemplan actividades deportivas, con un aforo de 11.010 personas, actividades de exposición- de tipo ferial- con 5.281 ocupantes como máximo y actividades de espectáculos públicos.
En éste último apartado es donde se incluyen los conciertos. El informe deja claro que para éste caso sólo se pueden utilizar unos 16.419 metros cuadrados del recinto, pero únicamente con la mitad de las gradas desplegadas y con un reparto de espectadores en once filas que ocupen sólo la mitad de la pista. El aforo máximo es de 8.649 personas que tienen que estar, todas ellas, sentadas.
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Es evidente que éstas circunstancias no se dieron en la fiesta del pasado jueves. Se ocupó todo el recinto, hemos visto en las imágenes que hasta los pasillos de acceso a la pista, los jóvenes que asistieron no estuvieron sentados y en cuanto al aforo, según el vicealcalde de Madrid, se vendieron 9.650 entradas. Había por tanto, oficialmente, segun datos del Ayuntamiento, mil personas más que las que estipula éste informe de la delegación de Urbanismo.
IU ha puesto el foco de atención en éste punto. Cree que al Ayuntamiento le pierde un afán recaudatorio para sanear sus cuentas y que, lamentablemente, en ésta ocasión, les va a pasar factura. "Máximo beneficio con el mínimo coste", decía el portavoz Ángel Pérez.
IU también ha reprochado al PP que no haya cumplido con las exigencias en materia de seguridad. El Real Decreto del Ministerio del Interior por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros y dependencias destinadas a actividades deja claro que las administraciones, en el ámbito de sus competencias, deben velar por el cumplimiento de la normativa.
