Permiso para construir en parcelas rurales de más de 6 hectáreas
La casa, una por parcela, deberá respetar el entorno, tener el menor impacto visual posible y podrá ser prefabricada
El gobierno regional ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles con el fin de remitir el texto a la Asamblea de Madrid. La Comunidad sostiene que ayudará a que los madrileños que lo deseen puedan construirse una casa en las fincas rurales que no se encuentren protegidas ambientalmente y que tengan, al menos, 6 de hectáreas de superficie. La aprobación es un "grave error" y un acto de "despotismo injustificable", según la ONG Ecologistas en Acción.
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este lunes el Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. Permitirá que los madrileños que lo deseen se puedan construir una casa en las fincas rurales que no se encuentren en terrenos protegidos por la legislación sectorial y que tengan un mínimo de seis hectáreas. En rueda de prensa posterior a un Consejo Extraordinario que se ha celebrado este lunes en la Real Casa de Correos, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha explicado que con esta ley se facilita a los madrileños que "puedan disponer de una vivienda en el campo con todas las garantías de sostenibilidad", y se procura "que se fijen las poblaciones locales y se consolide la población rural".
Mariño explicaba que estudios que tiene la Consejería que dirige dicen que "hay una demanda real, potencial de este tipo de suelos" y que un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) "recoge que en la Comunidad de Madrid existe una tendencia a la desconcentración residencial con flujos hacia la periferia" y que en el año 2016, el 13 por ciento de los residentes en la Comunidad habrán buscado vivir en otros ámbitos, sobre todo, fuera de Madrid y de la corona metropolitana y núcleos urbanos. Con esta ley también se busca "revitalizar las zonas desde el punto económico y demográfico" y "consolidará el equilibrio territorial al contrarrestar el éxodo rural", lo que ayudará a la residencia de los jóvenes en los núcleos rurales.
Los requisitos contemplados para poder disfrutar de una vivienda rural de estas características pasan por que la superficie mínima de la parcela exigida sea de seis hectáreas; que la altura máxima sea de 3,5 metros y una planta; o que la distancia mínima entre dos viviendas sea de 250 metros. Mariño ha insistido en que esta Ley permite construir en el campo, pero "no en lugares de alto valor ecológico y protegidos por ley sectorial", por lo que no se podrá construir en lugares como el Hayedo de Montejo o Parques Regionales, Reservas de la Biosfera o espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Además, con esta iniciativa se alienta la conservación del medio ambiente y los propietarios para construir la vivienda adquirirán unos compromisos de conservación y respeto medioambiental en sus viviendas sostenibles. La construcción de viviendas, sólo una casa unifamiliar por parcela, deberá estar basada en conceptos de sostenibilidad. Además, tienen que ser edificaciones de una sola planta que no modifiquen la rasante natural del terreno y realizarse con el menor impacto visual posible. También se deberá preservar el arbolado de las parcelas y compensar con especies autóctonas a razón de tantos ejemplares adultos como años tuviera el ejemplar trasplantado.
Asimismo, los propietarios estarán obligados a realidad a su costa la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones, así como a garantizar la sostenibilidad de su vivienda, sin instalaciones previas que supongan una carga económica para las administraciones. De hecho, no podrán exigir ni a la Comunidad ni a los ayuntamientos ningún tipo de inversión relacionada con el suministro de agua, luz, gas, recogida de basuras o accesos, que deberán correr a su costa. Estas obligaciones deberán constar en la inscripción registral de estas fincas en el registro de la Propiedad. Según ha relatado la consejera, esta ley llega tras la ley del Suelo de 2001, que exigía que los municipios que quisieran calificar como suelo no urbanizable, tenían que asignarle necesariamente una protección especial aunque el suelo no tuviera valores muy especiales que lo justificaran, lo que a lo largo de los años "suelos que no tenían muchas capacidades de protección se hubieran convertido en suelos protegidos".
Este Anteproyecto se enviará a la Asamblea de Madrid tras recibir alegaciones de diferentes organismos y personas interesadas.
La plataforma ''Antivirus'', de la que forma parte Ecologistas en Acción, sostiene que la aprobación de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles tendrá un "nefasto efecto" sobre el medio rural, por lo que intentará que dicha normativa sea recurrida en el Tribunal Constitucional (TC) al entender que puede incumplir la normativa estatal. También detalla que denunciará este proyecto ante la Comisión y el Parlamento europeos por "contravenir", en su opinión, normativa europea e iniciará una campaña de divulgación entre los ciudadanos.
En un comunicado, la plataforma considera que existen "argumentos de peso" de académicos, organizaciones ecologistas y asociaciones de arquitectos para oponerse a la puesta en marcha de esta normativa, a la que denominan ''Ley Virus'' (en alusión al acrónimo resultante de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles). A su juicio, dicha Ley "tendrá efectos ambientales irreversibles" al entender que se fomentará, con ella, "el consumo de suelo" y la "degeneración de los hábitats naturales".
