Sociedad | Actualidad

La mendicidad organizada, una realidad en Madrid

Existen mafias que obligan a personas con discapacidad física a mendigar en la calle durante más de 12 horas. Actualmente no existe una ley nacional contra la trata de seres humanos

El pasado mes de marzo se puso en libertad a ocho ciudadanos rumanos detenidos por explotar a compatriotas con discapacidad, obligándoles a mendigar. El grupo municipal UPyD opina que hay que seguir trabajando para evitar este tipo de casos.

Imagínense que no tienen nada para comer, ni una vivienda, ni familia a la que acudir porque no están en su país de origen y además sufren una discapacidad que les hace depender de alguien para sobrevivir. Esto es lo que viven las víctimas de la mendicidad organizada. ¿Quién no ha visto en una boca de metro, en una esquina, o delante de un bar a una persona pidiendo dinero? Y aun teniendo una grave minusvalía, ni siquiera nos preguntamos cómo han podido llegar allí. Existen las mafias que obligan a personas a mendigar durante más de 12 horas diarias.

El grupo municipal UPyD denuncia que el Ayuntamiento de Madrid esté actuando con una tolerancia malentendida. Cristina Chamorro es Coordinadora del Grupo de Trabajo Parlamentario de Discapacidad y considera que "habría que darles opciones a estas personas para que se integren o apoyo para el retorno voluntario a sus países. Lo que no puede ser es que estas personas al día siguiente estén otra vez en la calle en la misma situación buscando a otra persona que se encargue de ellos, que les lleve por la mañana a su lugar en la calle, que le lleve el bocadillo al medio día, que les recoja después de 12 horas de jornada para llevarles a dormir hacinados en un piso".

La directora de Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento, Rocío de la Hoz, aseguraba en la comisión ordinaria de Familia y Servicios Sociales que en el caso de los adultos no se puede actuar de otra forma. Explicaba que "la intervención del Samur Social en estos casos se limita a estar presente en el momento en que se produce la desarticulación de las redes, ofrecer los recursos de alojamiento y los de carácter social de que dispone el Ayuntamiento pero lo rechazan sistemáticamente porque prefieren seguir manteniendo la situación en la que se encuentran".

Chamorro insiste en aclarar que la decisión de rechazar los recursos que se les facilita no es libre. Explica que es ese el fondo del problema. "Son personas que están siendo maltratadas, coaccionadas, explotadas y que no conocen que existe una vida mejor. Si únicamente les ofrecemos un recurso, nos dicen que no, y ahí se queda todo, no estamos haciendo todo lo que deberíamos", afirma Chamorro.

UPyD opina que hay trabajar desde cuatro frentes: endureciendo las leyes, incrementando la actuación policial, trabajando con las víctimas para que dejen de serlo e intensificando los contactos con los países de origen.

Actualmente no existe una ley nacional contra la trata de seres humanos y el grupo municipal considera que las víctimas deben tener el derecho al acceso de determinados recursos.

 
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