La jueza le pide a Fernández que "asuma la responsabilidad que le corresponde como consejero"

Antonio Fernández está imputado de seis supuestos delitos: cohecho y falsedad en documento mercantil, y los delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios. Durante su intervención ha desmontado la figura del "intruso" en los ERE.

Segundo día de interrogatorio de la jueza que investiga los ERE, Mercedes Alaya, al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, una jornada que está siendo tensa porque la jueza cree que las respuestas de de Fernández son vagas. "Dígame sí o no y luego lo explica", le ha pedido la magistrada que también le ha aconsejado que "asuma la responsabilidad que le corresponde" por su cargo o que tome la decisión de acogerse a su derecho a no declarar. Fernández está imputado de seis supuestos delitos: cohecho y falsedad en documento mercantil, y los delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionarios.

Antonio Fernández. el exconsejero de Empleo, ha desmontado la figura del "intruso" en los ERE. Él y su predecesor en el cargo y actual diputado socialista, José Antonio Viera, idearon el concepto de ayuda sociolaboral "para personas que llevaban tiempo desempleadas". Y esas ayudas individuales, ha explicado, eran conocidas en círculos cercanos a la administración y a los sindicatos.

Por otro lado, ha dicho que no le parece razonable que las aseguradoras que pagaban los ERE cobraran comisiones entre 200.000 y 400.000 euros por encima del precio del mercado. No lo conocía. Sí conocía, en cambio, la concentración de ayudas otorgadas a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, 29 millones de euros. Pero ha añadido:"si hubiera sabido que eran empresas sin actividad no las hubiera concedido". Además ha asegurado que a él no le correspondía comprobar el destino de las ayudas individuales. Fernández también ha explicado que el Presidente de la Junta, el Consejo de Gobierno, el Parlamento y "todo el que se haya leído la ley de presupuestos lo sabía".

Sin embargo, el exconsejero de Empleo, ha respondido que no sabía que detrás de las prejubilaciones de las Minas de Río Tinto estuviera la elaboración de un proyecto de urbanización de superlujo promovida por el hijo de Manuel Chaves, por Javier Pérez Royo y por Amparo Rubiales.

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El exconsejero de Empleo ha exculpado al exdelegado de empleo en Sevilla, Antonio Rivas. No le consta que conociera la inclusión de intrusos en los ERE, ha señalado. Ha dicho también que desconoce si el exparlamentario socialista, Ramón Díaz, colaborador del exdirector de Trabajo encarcelado, tramitaba las ayudas que se investigan.

Antonio Fernández asegura que él no buscó a las empresas intermediarias que, según la juez, han cobrado comisiones muy por encima del mercado por pagar las pólizas. "Las buscaban las empresas" ha defendido.

La jueza ha seguido hoy mencionando al presidente en funciones de la Junta, José Antonio Griñán, y al expresidente, Manuel Chaves. ¿Qué tipo de relación tenía con Griñán y Chaves?, ha preguntado Alaya. "Cordial pero no de amistad", ha respondido Fernández.

El tira y afloja que se vive en la sala entre la magistrada y el imputado responde a que parten de dos postulados contrarios. Ella sostiene que la fórmula de pago de los ERE y de las ayudas a las empresas era ilegal y sostiene que el consejero era conocedor de todo lo que ocurría en su Consejería. Él, en cambio, sostiene que el sistema de la transferencia de financiación de fondos de Empleo a la Agencia Idea, para pagar a unos y otros, "era y es legal". Además Fernández defiende que no estaba obligado a supervisar al director general de Trabajo, Javier Guerrero, hoy en prisión.

El consejero, cuentan los abogados presentes, replica a la jueza tanto que ha llegado a decir ante el continuo cuestionamiento de sus respuestas frases como ésta; "pues sí, se lo digo, se lo afirmo y se lo repito".