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Macrojuicio por la entrada de droga en el Puerto de Barcelona

Hay 7 guardias civiles implicados, entre ellos altos mandos, y 2 inspectores jefes de la Policía Nacional

Empieza el macrojuicio contra una presunta red de guardias civiles y policías nacionales corruptos(MONTSE RIART)

Empieza el macrojuicio contra una presunta red de guardias civiles y policías nacionales corruptos

Empieza el macrojuicio contra la presunta red de guardias civiles y policías nacionales corruptos que se habrían embolsado durante años grandes cantidades de dinero a cambio de ocultar la entrada y salida de contenedores de droga en el Puerto de Barcelona. Entre los 25 procesados se encuentran altos mandos de los dos cuerpos para quien el fiscal pide entre 17 y 26 años de prisión. El proceso se alargará 4 meses.

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Según el fiscal anticorrupción, fue uno de los procesados ??arrepentido quien puso al descubierto el entramado, que integraban, según explica en su escrito de calificaciones, dos grupos: uno, el de los presuntos narcotraficantes y el otro el de guardias civiles y policías.

Lo que hacían era aprovechar la información privilegiada que tenían los agentes y altos mandos de los cuerpos, y la de los propios delincuentes, para simular grandes dispositivos policiales.

Según el fiscal, requisaban la droga que entraba en el Puerto o bien contrataban ellos mismos los envíos y cuando las partidas estaban en las dependencias policiales, y sustituían una parte por azúcar o arroz y la vendían en el mercado negro.

Además, el fiscal anticorrupción ha puesto al descubierto que los supuestos agentes corruptos también se aprovechaban de su condición para extorsionar a los delincuentes a cambio de dinero, regalos o tratos de favor.

El fiscal acusa de liderar el grupo de los supuestos agentes corruptos del ex jefe de la Policía Judicial de Mollet, Roberto de Prádena, y a otro de los altos mandos de este grupo, conocido como el área de Martorell, Antonio Sáenz.

También sospecha que los dos jefes del grupo de presuntos delincuentes, Javier Segura y Daniel Ribelles, habrían creado una red de empresas pantalla con la ayuda de un testaferro para blanquear el dinero de la droga y tienen contabilizados diversos movimientos irregulares que superan los dos millones de euros así como una operación para construir una urbanización entera en Pontevedra.

Para quien el fiscal pide más años de prisión es por Segura, un máximo de 46, mientras que por los altos mandos Sáenz y Prádena pide 26 y 12 años respectivamente.

También acusa a dos inspectores jefes de la Policía Nacional, los gemelos Giménez, para quien pide 17 y 7 años de prisión. Para el resto de agentes se solicitan entre 3 y 12 años de prisión.

 
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