El movimiento 15-M consigue aplazar el desahucio de Tetuán

La Comisión Judicial que estaba encargada del desahucio de una familia compuesta por una madre y una hija de 15 años en el distrito de Tetuán de la capital ha interrumpido la acción y se ha retirado de la zona, por lo que el desahucio no se llevará a cabo este miércoles, según ha informado la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión.

La recientemente constituida Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, apoyada por la plataforma Democracia Real Ya y del movimiento 15 de Mayo, han tratado de paralizar el desahucio. Para ello, hicieron un llamamiento a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a que se sumasen a una acción que ha tenido lugar a las 9.30 horas en la salida Algodonales del Metro Tetuán.

El pasado 6 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó los datos oficiales de ejecuciones hipotecarias y desahucios del primer trimestre de 2011. Así, el número de familias que perdió su vivienda por procedimientos de desahucio marcó un récord histórico al elevarse a 15.491, un 36,3 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

En cambio, entre enero y junio los juzgados españoles tramitaron 21.787 ejecuciones hipotecarias, un 21,1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2010.

"Detrás de todos estos datos se encuentran personas y familias enteras. La pérdida de la vivienda supone la vulneración de uno de los derechos más elementales en un estado democrático, un Estado que no debe tolerar que miles de personas sean desahuciadas mientras existen millones de pisos vacíos en todo el país que, por este hecho, no cumplen con su función social", han dicho los afectados por la hipoteca.

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La PAH-Madrid ha exigido a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos "y no de las entidades financieras". Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos".

"Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias", ha agregado.

La acción, que también cuenta con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en la primera de estas características en la ciudad, tratará de evitar que un matrimonio y su hija de 15 años se queden sin casa, "con una deuda de por vida y sean empujados a la exclusión social".

"Es una familia a la que los políticos expulsan no solo de su vivienda sino también de la sociedad porque no tienen recursos y no pueden hacer frente a la hipoteca" ha aclarado Chema Ruíz, uno de los integrantes de Democracia Real Ya y Afectados por la hipoteca.