No hay acuerdo económico en el caso Meño
Antonio Meño se quedó en coma vigil hace 22 años por una presunta negligencia médica. Tras una batalla judicial de dos décadas, los padres han pedido una indemnización de 1,6 millones de euros, algo que no han aceptado las aseguradoras. La semana que viene o la siguiente, se volverán a reunir.
Antonio Meño (en la silla), el hombre que ha permanecido más de 21 años en coma tras ser sometido a una intervención quirúrgica, y sus padres, Antonio (i) y Juana Ortega (d), a la salida del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid
Los familiares de Antonio Meño y las aseguradoras de la clínica en la que se le practicó la operación de cirugía estética de nariz, han mantenido una reunión este jueves en la que no han conseguido alcanzar un acuerdo sobre el importe de la indemnización. La familia solicita 1.650.000 euros, una cantidad que considera justa ya que en el primer juicio se condenó al anestesista a pagar un importe similar. En una o dos semanas, las dos partes están llamadas a mantener otra reunión, según ha declarado su abogado, Juan Carlos Izquierdo. El letrado ha declarado que irán a juicio ordinario que puede llevar uno o dos años.
Los padres de Antonio Meño se han mostrado indignados tras la reunión aunque según asegura Juan Ortega, ya se lo esperaban. Por su parte, el padre, Antonio Meño, ha denunciado que se ha sentido humillado durante el acto de conciliación.
Más información
El pasado 17 de noviembre el Tribunal Supremo estimó la demanda interpuesta contra las sentencias dictadas en el periplo judicial de la familia, que resultó condenada por el Alto Tribunal a pagar 400.000 euros en costas procesales en la vía civil. Acordó así anular las sentencias dictadas tanto en Primera como en Segunda Instancia y devolver las actuaciones para que las partes decidieran si repetir el proceso.
Nuevo testigo
Ante la aparición de un nuevo testigo en la operación, el Tribunal Supremo concluyó que hubo "maquinación fraudulenta" en el proceso. El nuevo declarante era un médico que el 3 de julio de 1983, día de la operación, estuvo presente como aprendiz del cirujano y observó cómo el tubo de anestesia se desconectó, sin que el anestesista estuviera en la sala.
El Juzgado de Primera Instancia número once de Madrid condenó al anestesista de la intervención a indemnizar con un millón de euros a la familia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó en apelación esta sentencia. La familia entonces llevó el caso al Supremo.
"Fue culpa de ellos, que le dejaron sin oxígeno"
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