La jueza de la DANA deja claro que la Generalitat tenía "ingente información" y que la "ausencia de respuesta" es "inexplicable"

Valencia

La jueza de Catarroja ha vuelto a dictar, este viernes, un auto. En este caso, en respuesta a la petición de la defensa de Emlio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, en el que pedía aclaraciones sobre un auto dictado el pasado 10 de marzo.

La defensa pedía que se pormenorizara en el mismo la totalidad de víctimas y sus circunstancias, aunque fuere de forma somera, con expresión del lugar y momento, donde se levantó el cadáver de cada una de ellas, y que se expresara "qué comportamiento, qué hechos u omisiones incardinables, en algún artículo del CP, se le imputa a mi cliente". Y la jueza asegura que o ha lugar a la solicitud de aclaración interesada por la representación de Emilio Argüeso. Entre otras razones, explica que respecto de los indicios, el auto de 10 de marzo de 2025, ya se señalaba la ingente información de que se disponía por la Administración Autonómica, la AEMET, el 112, la CHJ, los medios de comunicación, lo que hacía inexplicable la ausencia de respuesta por parte de la misma, la ausencia de avisos a la población, en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad.

Un audio desgarrador

Además, en sus razonamientos jurídicos, la jueza incluye nuevos testimonios de víctimas. Y lo hace con audios de las llamadas al 112, de una familia de Chiva, que tienen la "doble importancia" de mostrar el padecimiento que sufrió la madre y que "confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo ante la impotencia" de la mujer.

Uno de sus hijos realizó numerosas llamadas al 112, la primera a las 17.10 horas y la última a las 17.30 horas, proporcionando detalles de la ubicación y alertaba: "No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río" y, preguntado por si precisaban de rescate inminente, afirmaba que sí porque "hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa".

"No, que les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir"; "No, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada"; "Está inundado, están inundados", son algunas de las frases que pronunció y que recoge el auto.

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También hace referencia a las tres llamadas de la hermana de la madre --a las 17.31, a las 17.39 y a las 17.51 horas--. La mujer suplica que manden un helicóptero y advertía de que "hay una familia que se está ahogando".

La Generalitat insiste en su argumento

La Generalitat ha reiterado este viernes que ninguno de los 29 miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en "toda la tarde" del 29 de octubre, día de la dana, habló del barranco del Poyo "ni una sola vez", en un órgano en el que están incluidas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Delegación del Gobierno y el 112. Así lo han indicado fuentes de la Generalitat tras el auto de la jueza de Catarroja.

La Generalitat reitera que "ninguna de las agencias responsables de la información que dice la jueza que permitían conocer que el barranco se estaba desbordando transmitieron nada al Cecopi de sus propios datos al respecto durante toda la tarde" y se pregunta si "tenía que ser la administración regional la que interpretara los datos de la Aemet en el lugar de la Aemet y los datos de la CHJ en nombre de la CHJ".

De hecho, las mismas fuentes insisten en que el mensaje de ES-Alert se envió a la población por la presa de Forata. En esta línea, se preguntan si la Aemet sabía que el barranco se estaba desbordando "¿por qué no dijo nada en el Cecopi?"; por qué no dijo nada la Delegación del Gobierno o cortó carreteras o la CHJ cuando la vigilancia de los barrancos "era competencia suya". Y subrayan que todos estos organismos sí que intervinieron para hablar de otros temas.

La Generalitat recalca que el 112 "atendió todas las llamadas y dio aviso a los servicios de atención de emergencia", pero añade que, "según confirman asistentes al Cecopi, como el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, no hubo ninguna comunicación al respecto del contenido de las mismas".

El auto de la jueza --en el que cita las llamadas de miembros de una familia de Chiva que acabó con el padre y dos hermanos fallecidos-- responde a una petición de Argüeso, --que está investigado en la causa al igual que la exconsellera de Justicia e Interior en esa fecha, Salomé Pradas--, que había pedido una aclaración del auto en el que se le imputaba. La magistrada rechaza esa solicitud de aclaración de Argüeso al entender que esa resolución "establecía y justificaba de forma clara" la declaración como investigados de ambos ex responsables de la Conselleria de Interior.

Sin embargo, según la Generalitat, si los datos individuales de cada agencia --Aemet, CHJ, 112 y Delegación del Gobierno-- permitían "conocer perfectamente" que el barranco se estaba desbordando --como señala la magistrada-- "¿cómo es que nadie dijo nada en toda la tarde ante algo tan obvio?".

En esta línea, insiste en preguntar si se está diciendo que Aemet "sabía que el barranco se estaba desbordando y prefirió hablar de la lluvia en Utiel"; si la CHJ "prefirió hablar de una presa que ni siquiera colapsó"; si la delegada del Gobierno "sabía que el barranco se estaba desbordando y no cortó ninguna carretera ni activó a ninguna institución del Estado" y si el director del 112 "tenía constancia del contenido de las llamadas y las ocultó a los 29 miembros presentes en la reunión".

Piden el aplazamiento

Por otra parte, la defensa de exsecretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, ha presentado un escrito a la jueza que investiga la gestión de la dana en el que alega una "clara situación de indefensión" y pide a la instructora que aplace su declaración.

En su escrito esgrime que no ha recibido "notificación alguna" ni acceso a la "totalidad de la causa", lo que impide a su defensa "conocer el contenido y alcance" de las diligencias ordenadas por la magistrada instructora.

El exsecretario autonómico de Emergencias está citado a declarar como investigado para el próximo 11 de abril, después de la exconsejera Salomé Pradas.

Es el segundo escrito que presenta la defensa de Argüeso a la jueza. En esta ocasión, el letrado de Manos Limpias José María Bueno Manzanares, que le representa, insiste en que se está vulnerando el derecho de su defendido a la "defensa efectiva".

El letrado explica que solo ha tenido conocimiento de los escritos de dos acusaciones populares, la de Podemos y la del sindicato CGT, que hacían referencia a esas citaciones sin que se les haya notificado formalmente, por lo que solicita que se suspendan la comparecencia y se fije un nuevo señalamiento, "asegurando la debida notificación a todas las partes". En caso de no ser atendida esta petición, el abogado de Argüeso pide declarar de manera telemática.

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