La exjefa de ETA Iratxe Sorzabal niega la colocación de una bomba en el aeropuerto de Elche en 1995
El juicio ha quedado visto para sentencia con la petición de condena por parte del fiscal y la reclamación de absolución por parte de la defensa
MADRID, 17/03/2025.- La exdirigente etarra Iratxe Sorzabal se sienta en el banquillo en el juicio que celebra este lunes la Audiencia Nacional de Madrid, por la colocación de una bomba en el aeropuerto de Alicante en julio de 1995, que fue encontrada y desactivada sin causar daños. Además de una pena de seis años de cárcel, la Fiscalía pide para Sorzabal, detenida en Francia en 2015 junto al exjefe de ETA David Pla, la prohibición de volver al lugar de la comisión del delito durante cinco años. EFE/ J.P. Gandul / POOL / J.P.Gandul (EFE)
Elche
La exdirigente etarra, Iratxe Sorzabal, ha negado en la Audiencia Nacional haber colocado una bomba en el aeropuerto de Altet de Elche en julio de 1995, que fue encontrada y desactivada sin causar daños, y por lo que la Fiscalía pide para seis años de prisión.
Sorzabal ha tomado la palabra para desvincularse de este atentado en el juicio que este martes ha quedado visto para sentencia, y en el que las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. El fiscal mantiene su petición de condena y la defensa la absolución.
Durante su declaración, la exdirigente de ETA ha seguido la misma línea que en el juicio sobre otro atentado sin víctimas en la frontera de Irun en 1995, celebrado hace unas semanas, en el que dijo que las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil en su segunda detención, en 2001, se produjeron bajo "torturas".
Bajo esta premisa, no ha reconocido como propia la carta de autocrítica que, según la Fiscalía, remitió a la dirección de ETA cuando fue detenida y en la que confesaba su responsabilidad en 22 acciones terroristas.
Una versión que no ha desvirtuado la tesis del fiscal Carlos García Berro, que ha solicitado una condena de seis años por un delito de estragos terroristas.
La defensa, en cambio, considera que esta prueba está viciada de nulidad, mal traducida, mal interpretada y que no se le puede atribuir a la acusada, y ha denunciado que no se ha hecho ninguna comprobación sobre su veracidad y que no se ha llamado a declarar a los tres compañeros que supuestamente ella mencionaba.
Durante su informe ha defendido que una condena basada en esta prueba vulneraría los derechos fundamentales de la exdirigente etarra, protegidos por la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
