Acció Ecologista-Agró recurre la decisión del TSJCV de no paralizar las obras del puerto de València

València

Acció Ecologista Agró ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado 3 de marzo, que rechazó suspender cautelarmente las obras que están en marcha para construir el muelle de contenedores de la ampliación norte de València.

Recordamos, el TSJCV, aunque contaba con un informe de un perito designado por el tribunal que consideraba que era necesario realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental distinta a la de 2007 porque el proyecto "no se trata de una modificación en tanto en cuanto la obra es nueva" y "no ha sido evaluada a efectos medioambientales", no entraba a prejuzgar el fondo del asunto ni por tanto el desenlace del pleito.

Ahora bien, la Sala entendía que el asunto presentaba una “indudable complejidad”, como demuestra el montante económico de las obras, con un presupuesto base de ejecución de más de 660 millones de euros.

Pero Acció Ecologista-Agró argumenta en su recurso que el tribunal sí que ha emitido un juicio sobre el fondo del asunto al ponderar entre el interés general económico y el interés general en la protección del medio ambiente. Para la organización ecologista esa ponderación es "desacertada y contraria" a la legislación europea.

Para Agró, "está claro que la protección del medio ambiente está por encima de cuestiones económicas. Más en este caso, en el que se podían evitar penalidades irremediables porque la Autoridad Portuaria de València ha sido advertida repetidamente del “efecto Castor” que podría derivarse del inicio de las obras".

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Según los ecologistas, "lo único que nos parece indiscutible de todo este asunto, es que la Autoridad Portuaria de València campa a sus anchas, presentan informes y dictámenes extemporáneamente, inicia obras temerariamente y blinda el contrato de ejecución de la super obra con la introducción de una cláusula de penalización de 367.360 euros al día, claramente premeditada para ejercer una evidente presión ilegítima sobre cualquiera que ejerza una oposición legal al proyecto de la ampliación norte".

Recuerda además que "el Tribunal Supremo ha acogido la prevalencia del interés ambiental sobre el económico, en una sentencia que conecta con la jurisprudencia europea, justamente donde el conflicto se sustancia sobre la inexistencia de evaluación de impacto ambiental del Plan de Utilización de Espacios Portuarios aprobado por la Autoridad Portuaria de Gijón".

Acció Ecologista-Agró argumenta también que la reciente doctrina legal del Tribunal Supremo sobre la “fuerza normativa de lo fáctico” que ha servido para legalizar las obras de la ZAL del puerto de València "es inaceptable y nos retrotrae a otras épocas".

La demandante recuerda que la infraestructura planificada fue ejecutada durante el proceso judicial, por lo que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, sostiene que en la decisión del TSJ "se observa un claro beneficio para el promotor de los planes y proyectos que, en ausencia de evaluación ambiental, se ahorra las medidas de mitigación de impactos y las compensatorias de los daños inevitables que se hubieran evaluado".

Por último, Agró considera que "hacer prevalecer a toda costa lo económico tiene claras consecuencias negativas sobre el medio ambiente y que insistir en la doctrina de la “fuerza normativa de lo fáctico” es como imponer el principio que el incumplimiento de la Ley no tiene consecuencias para quien ha quebrantando la norma europea sobre evaluación ambiental".

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