El Consell abandona el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque la condonación “en nada beneficia” a la Comunitat Valenciana
La consellera de Hacienda afirma que el acuerdo “ya está amañado” y que son “las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas”
La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz del Consell, Ruth Merino, en una imagen de archivo. / Ana Escobar (EFE)
València
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene lugar esta tarde en el Ministerio de Hacienda junto a los consejeros de Hacienda de otras once CCAA porque el CPFF carece de competencias para abordar una mutualización de la deuda autonómica que, por su naturaleza, requiere una Ley Orgánica y para evidenciar su oposición a la propuesta de asunción de deuda planteada por el Gobierno de España, basada en unos criterios negociados de forma unilateral con ERC a cambio de su apoyo parlamentario.
“En ningún caso podemos apoyar unos criterios que no benefician en nada a los ciudadanos y menos aún a la Comunitat Valenciana. No podemos aceptar las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas solo por reducir unas décimas nuestro déficit. Es una cuestión de dignidad. Ya está bien de reírse de los valencianos”, ha manifestado la consellera de Hacienda a la salida de la reunión.
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Ruth Merino: "Nos convocan para un acuerdo que ya está amañado"
Los consejeros de la Comunitat Valenciana, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla han abandonado la reunión en el momento de debatir el punto sexto del orden del día: Aprobación, en su caso, del Acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común.
Los consejeros de estas CCAA han solicitado que conste en el acta de la reunión un escrito en el que ponen de manifiesto que el CPFF “carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una Ley Orgánica aprobada las Cortes Generales”. Este documento califica que esta propuesta de asunción de parte del pasivo autonómico es una “decisión arbitraria, discriminatoria y politizada” y reivindica que cualquier discusión sobre esta materia “debe canalizarse exclusivamente a través del procedimiento legislativo correspondiente”.
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