El Ayuntamiento solicitará al Constitucional la paralización del proyecto de los macrodepósitos como medida cautelar

Alicante

El Ayuntamiento de Alicante aún prepara el recurso que debe presentar ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar la instalación de los macrodepósitos de combustible en el Puerto.

Mientras la empresa, como les contábamos ayer, sigue con la tramitación del proyecto y ha pedido al consistorio que cumpla la sentencia del TSJ, que le permitía obtener la licencia ambiental por silencio administrativo municipal, además de solicitar también la licencia de obra.

El alcalde Luis Barcala asegura que se sigue trabajando en ese recurso de amparo ante el Constitucional y que, en breve se tendrá listo.

Aclara que no es un trámite sencillo ya que hay que "hilar muy fino". Y es que el Ayuntamiento va a tratar de hacer valer el argumento defendido ante el TSJ, en el que se decía que no se puede conceder una licencia ambiental por silencio administrativo positivo.

Además, aunque el recurso no tiene efecto suspensivo, el primer edil anuncia que solicitarán como medida cautelar la paralización del proyecto. Y es que serían muy importantes los perjuicios que podría generar para la ciudad si finalmente el Constitucional diera la razón al consistorio, pero los macrodepositos ya estuvieran en funcionamiento.

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Por su parte, fuentes consultadas de Urbanismo destacan que el plazo para conceder la licencia de actividad, o licencia ambiental, a XC Business 90 es de dos meses desde que se notificó la providencia del Tribunal Supremo que, recuerdan, fue el pasado 14 de enero. Por tanto, aún se tiene margen para intentar frenar el proyecto por la vía judicial, destacan estas fuentes.

Sentencia Geamur

Por otro lado, sobre otro procedimiento judicial que afecta al Ayuntamiento de Alicante, el alcalde se resigna a abonar 700.000 euros a la empresa Geamur, anterior responsable del servicio de mantenimiento de zonas verdes, por los sobrecostes de asumir el servicio una vez finalizado el contrato y por las facturas abonadas fuera del plazo legal.

Una nueva derrota judicial del Ayuntamiento de la que el alcalde Barcala responsabiliza al gobierno tripartito de Echávarri.

El Supremo no ha admitido el recurso del consistorio contra una sentencia del TSJ que le condenaba por el pago de esas facturas fuera de plazo a Geamur y los sobrecostes que la mercantil tuvo que asumir hasta que se licitó una nueva adjudicación. Una decisión contra la que ya no cabe recurso.

Barcala se resigna a abonar ese dinero a la mercantil, pero carga contra el tripartito de izquierdas por no "hacer su trabajo" en su día y renovar el contrato.

Críticas al tripartito del alcalde Barcala cuando su equipo de gobierno, según denuncian los socialistas, ha agotado todas las prórrogas del contrato que gestiona el estacionamiento regulado de la ciudad, la Zona ORA, sin haber sacado a licitación uno nuevo.

La última ampliación que le permitía la legislación, aseguran desde el PSOE, finalizó el pasado 25 de enero, por lo que "la contrata se encuentra ahora en un limbo legal". Algo que rechazan desde el equipo de gobierno del PP.