¿Qué pasa con las personas sin certificado de empadronamiento en la regularización de personas afectadas por la DANA?
Más de 8.000 personas en situación administrativa irregular con cuentan con certificado de empadronamiento, desde Valencia Acull piden que se flexibilicen esas medidas y que se usen otros métodos para poder probar que las personas afectadas estaban viviendo en la zona cuando llegó la DANA.
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Hablamos con Valencia Acull sobre la regularización tras la DANA
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València
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros aprueba hoy, más de 100 días después de la DANA, la regularización de personas en situación administrativa irregular afectadas por las inundaciones. Con esta regularización se concederán autorizaciones de residencia y trabajo por un año a las personas afectadas y sus familiares más directos. Según cálculos aproximados de la Administración beneficiará al menos a 25.000 personas, de las 32.000 registradas por la administración que cuentan con el certificado de empadronamiento.
En "Hoy por Hoy. València" hemos contado con el testimonio de Leydi Benjumea que vivía en Chiva cuando perdió su casa por la DANA. Asegura que están bien pero pendientes de recibir ayudas pues en lo material lo han perdido todo. Ella está 2 años y 5 meses desde que llegó de Colombia con su hijo y su pareja. Espera que con esta regularización, su situación mejore pues antes del 29 de octubre ella y su familia estaban bien, con trabajo ella y su esposo y con su propia casa. Desde que perdieran su casa, el Ayuntamiento les ha alojado en un restaurante y hotel, albergue municipal, donde están viviendo en una habitación y les dan la comida. Recuerda que el día de la tragedia salvaron su vida ya que cuando salieron a la calle, porque la casa temblaba, a los pocos minutos de salir de ella, la casa se derrumbó. Ellos perdieron la casa entera y no han podido acceder a las ayudas porque no tiene NIE y no han podido solicitar las ayudas. Y es que de los requisitos que pedían para las ayudas, ella no reunía ninguno. El caso de Leydi se puede extrapolar a otras casos.
Ahora faltaría saber qué pasa con las personas que no tienen ese certificado de empadronamiento o las personas pendientes de asilo político. Paco Simón, responsable del programa contra el racismo de Valencia Acoge, valora la respuesta del gobierno como positiva pues la llevan pidiendo desde los primero días después de la DANA, pero esperan conocer la letra pequeña . Para empezar las dificultades para acceder al padrón, es un requisito que no saben cómo se gestionará pues a priori quedarían 8.000 personas que no tienen el certificado de empadronamiento del total de 40.000 personas en situación administrativa irregular en municipios afectados por DANA, según los datos que en su día publicó Intermon Oxfam. Por ello, piden que se flexibilicen esas medidas y que se usen otros métodos para poder probar que las personas afectadas estaban viviendo en la zona DANA.
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La efectividad de las ayudas también es una incógnita, los plazos les preocupa pues algunos ya han vencido, a no ser que amplíen o creen otras ayudas. La autorización tendrá una vigencia de un año que tendrán que renovar con un contrato de trabajo, algo diferente a lo que ocurrió en el 2011 cuando tras el 11M, dieron la ciudadanía española a las personas en situación administrativa irregular.
Eso sí, Paco Simón espera que esta medida y esta regularización extraordinaria sea un impulso para sacar adelante la ILP ( Iniciativa Legislativa Popular) que pide regularizar a 500.000 personas. Una iniciativa que está bloqueada en el congreso desde hace un año aproximadamente.
Desde las entidades sociales no han dejado de trabajar con este colectivo en situación de vulnerabilidad, de hecho, desde Valencia Acoge se han recaudado más de 51.000 euros han obtenido de donaciones particulares para apoyar y trabajar en este tema. También hemos hablado de la modificación de la Ley de Extranjería que sigue pendiente y que no ha acelerado los plazos previstos. Por su parte Paco Simón ha hecho una reflexión sobre la mercantilización de este colectivo de personas ya que más allá de la parte económica de su regularización está la garantía de los Derechos Humanos básicos. Más que hacer cálculos de lo que supone la regularización, habría que plantearse qué supone la no regularización de estas personas.
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