El TSJCV anula la sentencia por la que se desalojó y derribó la vivienda de una familia monomarental por parte de ADIF en Castellón
La propietaria vive con sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con grados 2 de dependencia, en un piso social del ayuntamiento desde agosto
Castellón
Noticia que avanza Radio Castellón Cadena SER, la sala de lo contencioso del TSJ de la Comunitat anula y deja sin efecto el auto judicial por el cual se llevó a cabo el desalojo y derribo posterior de la vivienda de Nuria Viciano, por parte de ADIF el pasado mes de agosto en Castellón, con el objetivo de ejecutar las obras de acceso al Puerto de Castellón.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anula así lasentencia judicial por la que se ejecutó el derribo de una vivienda en Castellón. La propietaria vive con sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con grado 2 de dependencia, en un piso social del ayuntamiento desde el pasado mes de agosto y no ha recibido la compensación económica de Adif, que inició el proceso de expropiación debido a la ubicación del inmueble en la zona de obras del acceso ferroviario sur al puerto de Castellón.
La sentencia del TSJ a la que ha tenido esta emisora advierte que el derribo “afecta al domicilio de menores e incapaces, aumentando de forma exponencial la importancia cualitativa de los intereses en juego”. Además el TSJ señala uno de los puntos de la sentencia, cuando en el auto condenatorio la jueza advertía que debía ser la propietaria “la que recabe la ayuda de los Servicios Sociales en el caso de que no pueda subvenir a sus propias necesidades, debiendo recordar que por parte de la Administración que expropia se ha procedido al abono de cantidades de dinero”. El TSJ considera que no se adoptaron medidas para garantizar el realojo de los ocupantes de la vivienda, por parte de Adif.
Sin indemnización de Adif
Además la parte afectada asegura que no han recibido “ni un solo euro de Adif hasta el momento”, a pesar de que se comprometió a pagar 176.000 euros, un coste por debajo del valor del inmueble, cifrado en 400.000 euros. Por otra parte, la propietaria todavía debe afrontar una hipoteca de 142.000 euros.
Un plazo de 48 horas
En agosto, el juzgado concedió solo un plazo de 48 horas a la afectada y sus dos hijos para abandonar la vivienda. Hubieron de ser realojados en un piso por parte del Ayuntamiento de Castellón.
“Perfectamente hubiese podido el Estado aplicar una medida cautelar entregando el justiprecio antes de la ocupación. Sobre todo, dadas las circunstancias personales es una cuestión de humanidad y equidad, ya que esto la ley no lo prevé", comentaba su defensa en agosto.
