Anticorrupción investiga un contrato millonario de la Diputación de Alicante cuando Mazón era presidente

Alicante

Fiscalía Anticorrupción investiga a la Diputación Provincial de Alicante por presuntos delitos de fraude en la contratación, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación en adjudicaciones publicitarias.

Los hechos relatados hacen referencia a una adjudicación de 2020 durante el mandato de Carlos Mazón al frente de la Diputación Provincial de Alicante. La segunda adjudicación es de 2024.

Los contratos millonarios recayeron en la UTE Idex Ideas y Expansión SL-Buena Suerte Señor Gorsky SL.

"Proceso y precio manipulado"

La denuncia, adelantada por elDiario.es y a la que ha tenido acceso Radio Alicante, mantiene que se "han manipulado los procesos de contratación y el precio" para adjudicar los contratos a una misma mercantil que "aportó una oferta económica falsa".

Además, se indica en el escrito de denuncia que, en "contraprestación a la adjudicación", la UTE inserta publicidad institucional a medios afines al Partido Popular. "Un sesgo editorial (...) en la contratación de medios conservadores sin justificación objetiva".

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Igualmente se destaca que la adjudicataria se hizo con el contrato presentando una oferta económica basada en unos descuentos en las tarifas publicitarias de los medios de comunicación que "no constan que fueran negociados ni aceptados por los medios". El presupuesto base de licitación eran 1.043.500 euros y el valor estimado del contrato ascendió a 3,1 millones de euros, se lee en el escrito.

Segundo contrato

El segundo contrato adjudicado a la misma UTE es del año 2024 y relativo a un plan de comunicación de la 'Feria del Libro en los Jardines de la Diputación de Alicante 2024'.

El otro hecho denunciado hace referencia a la adjudicación de subvenciones nominativas a la patronal hotelera HOSBEC que han tenido como resultado la contratación directa a la misma UTE y sin aplicar la La Ley de Contratos del Sector Público ni la Ley General de Subvenciones. Era para colaborar en la campaña de promoción extraordinaria Post COVID-19 para el sector turístico.

No obstante, el escrito incide en que, de la justificación de la subvención el único gasto atribuido a la misma fue el contrato de servicios, así como las nóminas de la entidad, entre ellas la de Núria Montes, entonces secretaria general de HOSBEC y después Consellera de Turismo.

La denuncia habla de que se habría incurrido en un presunto delito de fraude en la contratación pública, "al manipular los procesos de contratación para adjudicar el contrato de manera irregular y beneficiar a intereses políticos y económicos", otro presunto delito de falsedad documental, "al presentar documentación falsa y no verificable sobre los descuentos en tarifas de los medios de comunicación", el de malversación de fondos públicos, "dado que se adjudicó un contrato a una mercantil que, mediante sobreprecios y descuentos falsos, ha causado un perjuicio económico a la administración pública" y el presunto delito de prevaricación, "por la posible implicación de funcionarios y responsables políticos en la manipulación del proceso de adjudicación".

Estos hechos los denunció al juzgado de instrucción el grupo Compromís en la Diputación el pasado 25 de octubre y ya ha declarado ante el fiscal el diputado, Ximo Perles. Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal.

Compromís: "Hubo un doble fraude: una maquinación de los contratos y el uso de dinero público para pagar a ciertos medios y sancionar a otros"

Compromís ha explicado en rueda de prensa la denuncia que interpuso en octubre, justo antes de la DANA, ante la Fiscalía Anticorrupción, por el contrato millonario de la Diputación de Alicante, cuando estaba al mando Carlos Mazón.

Todo empezó, ha señalado el diputado de la coalición en la Diputación, Ximo Perles, cuando Carlos Mazón llegó a la Diputación de Alicante, en 2020, y así ha seguido hasta hoy día.

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La denuncia mantiene que se "manipularon los procesos de contratación y el precio" para adjudicar los contratos a una misma mercantil que "aportó una oferta económica falsa" a la UTE conformada por Buena Suerte Señor Gorsky SL e Idex Ideas y Expansión SL., del empresario Miguel Quintanilla, con quien según Perles, Mazón mantiene una "relación personal y de amistad".

La primera alarma surgió cuando Mazón duplicó el presupuesto para publicidad institucional en la Diputación, explicaba el diputado Ximo Perles, y la segunda, cuando supieron que periodistas recibían llamadas con presiones por titulares no favorables al PP.

Eran contratos de un millón al año y desde que entró Mazón se hicieron contratos tanto de la propia Diputación, otros menores, del Patronato de Turismo y también se usó a la patronal hotelera, HOSBEC, como pantalla, dicen.

Una "maquinación", prosigue Perles, siempre tendente además, a que las adjudicaciones fueran a favor de esa empresa concreta, Idex Ideas.

Según la coalición estos delitos se habrían cometido al "manipular" los procesos de contratación para adjudicar el contrato "de manera irregular y beneficiar a intereses políticos y económicos"; al presentar documentación "falsa y no verificable" sobre los descuentos en tarifas de los medios de comunicación. Se habría adjudicado un contrato a una mercantil que, mediante "sobreprecios y descuentos falsos", ha causado un perjuicio económico a la administración pública y por la "posible implicación" de funcionarios y responsables políticos en la "manipulación del proceso de adjudicación".

Mazón, sobre la acusación: "Un día más en la oficina"

Mazón respondía a las acusaciones, acusando a su vez a Compromís de utilizar la justicia para hacer política.

Insiste Perles en que este modus operandi lleva años funcionando: "Hay una estructura de poder que, con dinero público se agenciaba una red clientelar de medios afines", afirma, y asegura que esto prosigue hoy en día así, bajo el mandato de Toni Pérez en la Diputación.

Es un asunto que ha abordado directamente en una entrevista con Toni Pérez, el actual presidente de la Diputación, pero se han cansado de preguntar, explica, tanto los criterios que se sigue para contratar o no publicidad institucional en los medios, como la razón de que algunos medios estuvieran excluidos. La respuesta siempre ha sido vaga, critica: "que eran criterios objetivos en función de la ley", afirma.

La Diputación rechaza que exista una trama para favorecer a medios de comunicación con dinero público

Desde la Diputación rechazan esas acusaciones y defienden la legalidad de su contrato de medios, avalado por los tribunales hasta en cuatro ocasiones desde 2022, dice en un comunicado el responsable del área de Contratación, Juan de Dios Navarro.

Argumenta Navarro que ninguna de las empresas que han optado a este contrato de medios y que no resultaron adjudicatarias "ha presentado ningún tipo de reclamación ni denuncia en las dos licitaciones que se han hecho" y a las que han concurrido hasta diez mercantiles en cada una de ellas.

Y niega rotundamente que exista una trama para usar el dinero público para favorecer a determinados medios de comunicación.

Argumenta que la selección de los medios a la hora de insertar la publicidad se hace sobre "criterios objetivos de difusión, audiencia, alcance y penetración, tal y como marca la ley 12/2018 del 24 de mayo de publicidad institucional”.

Recogen que en el último año la Diputación ha insertado campañas de publicidad, a través de la empresa adjudicataria, en 125 medios de comunicación "de todos los soportes y tamaños, todos ellos con implantación territorial y social en la provincia".