La empresa de los depósitos en el puerto pedirá la ejecución de la sentencia y responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Alicante presenta el escrito para pedir la nulidad de la licencia portuaria y trata de demorar la licencia de obras municipal
Recreación del proyecto para instalar los marcodepósitos de combustible en el Puerto / Guanyar
Alicante
La empresa XC BUSINESS 90 S.L solicitará en breve la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le da vía libre para la instalación de los macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante tras rechazar el recurso municipal contra la sentencia del TSJCV que le reconoce la licencia ambiental por silencio administrativo.
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Pero, además, según ha podido saber Radio Alicante, el departamento jurídico de la mercantil está trabajando para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial y estudia la responsabilidad penal hacia el Ayuntamiento de Alicante. No obstante, presentarán un escrito previo al consistorio con la intención de "evitar" más dilaciones indebidas.
Las fuentes consultadas remarcan que las resoluciones judiciales "hay que acatarlas" con lo que la licencia ambiental "se da por concedida". El Ayuntamiento, inciden, tiene ahora que continuar con el expediente administrativo y conceder la licencia de obra.
Maniobras dilatorias
Pedirán la ejecución de la sentencia al Ayuntamiento ante la "pasividad" municipal y las actuaciones que está realizando, dirigidas a "continuar dilatando el cumplimiento de las resoluciones judiciales".
La responsabilidad patrimonial, matizan las fuentes, se pediría al Ayuntamiento ya que la "inactividad (de la promotora del proyecto) es total, con el perjuicio que causa al administrado". Una compensación que se prevé cuantiosa por el daño causado por lucro cesante a la empresa.
Insisten en que XC BUSINESS 90 S.L cumplió con todas las condiciones ante la Autoridad Portuaria de Alicante, acreditando la solvencia, y de ahí que autorizara la modificación sustancial de la concesión administrativa para la implementación de los depósitos en julio de 2019.
El Ayuntamiento presenta un escrito para pedir la nulidad de la licencia portuaria y trata de demorar la licencia de obras municipal
El Ayuntamiento de Alicante, por su parte y tal y como anunció, ha presentado este jueves el escrito ante el TSJCV para pedir la nulidad de la licencia portuaria a este proyecto.
Además, y según ha podido saber Radio Alicante, el consistorio está estudiando la posibilidad de tramitar la licencia de obras al margen de la licencia ambiental, que es la que está obligado el ayuntamiento a concederle a la mercantil promotora tras la sentencia del Supremo que le daba la razón.
Un movimiento que se interpreta como una estrategia municipal para intentar retrasar el inicio de las obras y tener más fuerza en el proceso negociador que se quiere iniciar con la empresa XC Business 90 para evitar la instalación de los macrodepósitos.
Y es que, recordamos, el Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia del TSJ que reconocía a la compañía su derecho a obtener la licencia de ambiental por silencio administrativo positivo. Y ahí es donde está trabajando actualmente el Ayuntamiento para intentar frenar el proyecto, al margen del escrito presentado ante el TSJ en el que solicita la nulidad de la licencia otorgada por el Puerto.
Normalmente, cuando se concede licencia ambiental, se hace conjuntamente con la licencia de obra, pero, en este caso, apuntan fuentes consultadas, "la sentencia judicial solo obliga a conceder la licencia ambiental. Por ello, se está estudiando la vía para emitir los dos documentos por separado".
Se está, por tanto, revisando todo el expediente de nuevo, añaden estas fuentes, y estudiando todas opciones. Una de ellas, es el informe que se ha pedido también a la Abogacía de la Generalitat para que se pronuncie sobre si se cumple o no con la distancia mínima de los depósitos con respecto a núcleo habitado.
En cualquier caso, el plazo para conceder la licencia ambiental es de dos meses desde que se notificó la providencia del Tribunal Supremo, que fue el 14 de enero, por lo que aún disponen de tiempo para maniobrar, aclaran desde el Ayuntamiento.
