El juzgado llama a más testigos en el caso del Centro de Inteligencia del Agua
La solicitud, a petición de la Fiscalía, incluye a funcionarios de la Agencia Antifraude, de Aguas de Alicante y del Ayuntamiento
Centro de Interpretación del Agua de Alicante / Omar Sancho Maestre
Alicante
El juzgado de Instrucción Número 3 de Alicante solicita nuevas declaraciones, a petición del fiscal, por las obras del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) de Alicante en la calle Italia. Entre ellas, y en calidad de peritos, a tres funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude.
También deberán declarar, en este caso como testigos, Daniel Molina Baeza y José David Pesquera Morrón, ambos de Aguas de Alicante.
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Recordamos que el CIA se enmarca en la estrategia digital municipal Alicante Futura y la actuación desarrollada por Aguas Municipalizadas de Alicante y la Agencia Local de Desarrollo.
Ahora la jueza llama igualmente como testigo a quien ostentara el cargo de vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante en diciembre del 2022, según la providencia del juzgado.
Además, la titular del juzgado acepta la presentación de varios documentos de parte, entre ellos la copia del expediente de fase de ejecución del contrato de obras de Aguas Municipalizadas de Alicante sobre la causa.
La instrucción arrancó en noviembre
El pasado mes de noviembre comenzaron las declaraciones por este caso que destapó el grupo municipal socialista. Declaró como investigada la edil Mari Carmen de España, responsable de la Agencia Local de Desarrollo y también, Adrián Santos Pérez, exedil de Urbanismo de Ciudadanos en el anterior gobierno bipartito, quien lo hizo por videoconferencia al residir fuera de España y sin responsabilidades políticas ya.
El juzgado investiga presuntas irregularidades urbanísticas en la tramitación para la construcción del CIA por parte del Ayuntamiento. Fiscalía aprecia indicios de un supuesto delito de prevaricación administrativa al ubicarse este proyecto en una parcela que el PGOU calificaba de uso docente.
El PP, por su parte, indicó en su momento que el propio planeamiento municipal contempla que ese tipo de actuaciones provisionales tengan una cobertura de hasta cinco años, lo que supondría tiempo suficiente para que pueda promoverse una modificación puntual del PGOU.
