20 años de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género
Una Ley que entró en vigor el 28 de diciembre de 2004 y de la que hablamos con Mari Cruz Pla
Mari Cruz Pla en Hoy por Hoy Villena
22:16
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Villena
La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un gran acuerdo político, muy necesario hoy en día, ya que fue aprobada por unanimidad, 325 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, algo que es poco frecuente en el Congreso.
Una normativa, pionera a nivel europeo y a escala mundial, que marcó un antes y un después en la sociedad española. Por primera vez se reconocía de manera explícita la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y se establecían medidas integrales para prevenirla, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores.
La ley era una demanda del movimiento feminista desde hacía más de una década.
En 1991, se abrió el primer centro de recuperación integral para mujeres maltratadas por parte de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y divorciadas.
En 1997, Ana Orantes es asesinada después de contar en TV la situación de violencia que estaba viviendo por parte de su ex marido (con el que juidicialmente estaba obligada a compartir vivienda). Este hecho supuso un punto de inflexión en la sociedad española, aumento la concienciación sobre la violencia que padecían muchas mujeres por parte de sus parejas o exparejas.
Los Centros Infodona, se crean en 1998.
En 2001, el PSOE presenta la primera proposición de Ley, que no sale adelante.
En 2003, se aprueba la Ley que regula la orden de protección en los delitos de violencia doméstica. Y en 2004, con el primer Gobierno paritario de la historia, se crea el Ministerio de Igualdad y se aprueba esta Ley.
La norma trajo consigo la adopción de medidas concretas que empezaron a combatir y visibilizar el maltrato que históricamente han sufrido las mujeres en el ámbito privado.
• Esas medidas concretas, ¿cuáles fueron?
Se creó una red de recursos especializados, como juzgados de violencia de género, casas de acogida y centros de atención a mujeres, que han sido fundamentales para garantizar la protección y el apoyo a quienes sufren violencia. Además, se crearon las bases para la formación de profesionales del ámbito jurídico, sanitario y social en materia de violencia de género, lo que ha permitido mejorar la atención a las víctimas.
Las violencias machistas pasan de ser una cuestión privada a ser una cuestión pública, estructural, social y colectiva que no es responsabilidad de las mujeres, sino de toda la sociedad acabar con ella.
• ¿Por qué todavía se sigue cuestionando esta Ley desde ciertos sectores?
Por una parte, hubo un gran debate en su momento sobre la denominación de violencia de género, o violencia contra las mujeres.
Las críticas sobre la denominación ‘violencia de género’ vinieron sobre todo de la RAE, que sin que nadie se lo pidiera emitió un informe en el indicaba que era más partidaria de llamarla ‘violencia doméstica o por razón de sexo’. Desde el movimiento feminista se apostaba por ‘violencia de género’ (teniendo en cuenta que el concepto género es una categoría de análisis de la realidad teniendo en cuenta los diferentes roles y posiciones sociales que desempeñan hombres y mujeres) para manifestar que es una forma de violencia de violencia que ejercen hombres sobre mujeres como consecuencia de una desigualdad estructural en un sistema patriarcal.
Por otra parte, aunque la Ley fue aprobada por unanimidad, se interpusieron 180 recursos de inconstitucionalidad, de los que 127 fueron admitidos y resueltos, por tanto cualquier crítica a la constitucionalidad de la ley no tiene ningún fundamento. Hace 20 años, los grupos políticos que hoy día mantienen que es inconstitucional, no tenían representación en el Congreso.
Hoy asistimos a una ‘guerra cultural’ transnacional, dominada por discursos de odio ante un supuesto enemigo común que tiene como elementos esenciales la globalización, el multiculturalismo y el feminismo y la igualdad. El negacionismo es un posicionamiento ideológico, niega para evitar una realidad incómoda y es una estrategia que afirma la necesidad de un modelo basado en la desigualdad. El negacionismo grupal tiene mayor impacto cuando se hace desde posiciones institucionales, que es lo que estamos viendo a nivel global.
• ¿Se ha medido de alguna manera el impacto que ha tenido la Ley?
Antes de su aprobación no había ningún tipo de recogida de datos estadísticos, así que el punto de partida es difícil de cuantificar.
En estos años cerca de 2 millones de mujeres han denunciado.
En 2007, se mejora la recogida estadística, y lo que podemos ver es que el n.º de denuncias ha aumentada y proporcionalmente al mismo, ha disminuido el n.º de asesinatos.
En la UE no hay datos de feminicidios, no se recogen, pero en la Macroencuesta estamos viendo como la violencia sexual va en aumento.
También se ha observado que hay menos homicidios pero que estos son más violentos (se está estudiando desde la Criminología) y que aumentan los suicidios tras el homicidio debido a que hay un mayor rechazo social a los mismos y no quieren enfrentarse a su entorno.
• Después de 20 años ¿podemos decir que la Ley necesita actualizarse?
Cuando se aprobó la Ley, la urgencia era proteger a las mujeres que estaban sufriendo violencia en el ámbito de la pareja y expareja, y acotó diferentes formas de violencia que hoy en día deben ser ampliadas, como la violencia económica, la violencia vicaria (9 víctimas este año) y la ciberviolencia.
También con la aprobación del Convenio de Estambul de 2011, la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, tiene un ámbito más amplío que la relación afectiva y con la Ley Integral de la Libertad Sexual, se ha ampliado esta forma de violencia incluyendo los diferentes tipos de violencia sexual. La legislación autonómica contempla también como forma de violencia de género, específica contra la mujer, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos.
La Directiva de la UE que se aprobó el año pasado, además pone el foco en la ciberviolencia, que va en aumento, e incluye la violencia política (la que se ejerce contra mujeres en el ámbito de la política, por ocupar cargos, por ser lideresas de movimientos sociales, etc.).
Además de ampliarse los ámbitos y tipos de violencia, es necesario mejorar la detección, sobre todo desde el ámbito sanitario (problemas de salud) y fortalecer la prevención desde el ámbito educativo, implicando a los hombres en su erradicación.
Hay que mejorar la valoración forense del riesgo, las víctimas tienden a minimizar el riesgo.
También señalar que las ayudas económicas a las víctimas son escasas y no les permiten la ruptura en aquellas situaciones de dependencia económica; las dificultades que se encuentran en el acceso a vivienda protegida para poder salir de la situación de maltrato y la necesidad de mayores recursos para el acompañamiento y la atención integral, para que puedan recuperar su proyecto vital en un escenario libre de violencia.
Se trata de una problemática estructural, basada en la desigualdad de mujeres y hombres en un sistema patriarcal, que atraviesa a todas las clases sociales, culturas y niveles educativos. Las políticas de igualdad han contribuido de manera notable a mejorar la visibilidad de todas las formas de violencia contra las mujeres y ha desarrollar una cultura de tolerancia 0 frente a la violencia machista en todas sus formas.
