Los sindicatos aseguran que la ley obligaba a consolidar las plazas de los 160 funcionarios despedidos de Acción Social

Alicante

El pasado 31 de diciembre, el 70 % de la plantilla de los Servicios Sociales de Alicante se fue a la calle de forma temporal por el retraso de la Generalitat a la hora de renovar el contrato programa que permite financiar su recontratación hasta 2028.

Los sindicatos en el Ayuntamiento exigen explicaciones al PP sobre por qué no se han consolidado los puestos de trabajo estructurales financiados a través de ese contrato programa. Algo que aseguran se comprometió el equipo de gobierno de Barcala y que, recuerdan, es una obligación impuesta por la Ley de Servicios Sociales. Contrataciones que debían estar incluidas en las correspondientes Ofertas de Empleo Público.

Sin embargo, no se produjeron esas contrataciones, lo que ha dejado a la Concejalía de Acción Social en cuadro, critican desde el SEP y UGT. Por eso, David Bardisa, de UGT, pide que, de manera urgente, se contrate a este personal a través de las bolsas de empleo que ya existen.

Juan Carretero, del SEP, recuerda que desde la Conselleria se afirmó que el despido masivo ocurrido en Alicante no debería haberse producido porque los ayuntamientos están obligados a consolidar los puestos de trabajo financiados por el contrato programa.

De hecho, según la Ley 3/2019 de 18 de febrero de la Generalitat, en su artículo 110.3, y el Decreto 38/2020 de 20 de marzo del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales, en su artículo 9.3, se establece que: "Para recibir la financiación prevista, los municipios, deberán justificar la realización de todas las actuaciones incluidas en los convenios. Una vez recibida la financiación estable de los puestos de trabajo de la zona básica de servicios sociales, las entidades locales incorporarán progresivamente estos puestos a su plantilla, mediante instrumentos de ordenación técnica correspondiente, a sus respectivas ofertas de empleo público, con sujeción a la normativa reguladora sobre incorporación de nuevos efectivos durante la vigencia del primer contrato programa".

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Lista de espera de cuatro meses

El despido de estos más de 160 trabajadores interinos ya se está dejando notar en algunos centros sociales, como el de Isla de Cuba, donde, según Compromís, se está dando citas para dentro de cuatro meses.

El portavoz de la coalición, Rafa Mas, que se ha desplazado esta mañana a ese centro municipal del barrio de Los Ángeles, critica que familias con emergencias sociales no pueden esperar tanto tiempo para ser atendidas. Y lamenta que, incluso cuestiones administrativas como las revisiones de la Ley de Dependencia se estén alargando más de un año. Por ello, exige responsabilidades políticas al PP y que se refuerce urgentemente este servicio esencial.

"Saltan las alarmas en Acción Social y crece la preocupación. Las listas de espera son ya de tres, cuatro y cinco meses. Se han cargado los servicios de atención a personas que tienen problemas salud mental, el Jurídico, el servicio psicológico, el del trabajo comunitario, los programas de inserción laboral o la atención a la infancia. Incluso ante la falta de administrativos se está colapsando todo el trámite de ayudas de rentas y de certificados", critica.

"Esto nos afecta a todos. Recordemos que Acción Social es el servicio fundamental que tiene este Ayuntamiento para luchar contra la desigualdad y luchar contra la pobreza. Y por cierto, en Alicante nos come la pobreza. El riesgo de pobreza es uno de los mayores de España y encima, con este colapso, se va a aumentar", advierte el portavoz de Compromís.