El personal y los internos de las residencias valencianas salen a la calle para que se equiparen los sueldos con los trabajadores del sector público
Denuncian que la diferencia de salarios es "abismal" respecto a los servicios sociales públicos y muchos de los trabajadores se marchan al sector público
El personal denuncia que la diferencia de salarios es "abismal" respecto a los servicios sociales públicos y muchos de los trabajadores se marchan al sector público / CCOO
València
Trabajadores y residentes han salido a las puertas de las 28 residencias que hay en la Comunitat, de carácter público pero, de gestión privada, para exigir que se renueven los contratos de los centros para poder hacer efectiva la equiparación salarial. Según apunta el personal, en 2022 firmaron un convenio que comportaría esta equiparación salarial al renovarse la licitación de cada centro, pero todos los centros se encuentran con contratos caducados, algunos desde 2017.
Nuria Esterlitx, trabajadora en una de las residencias, afirma que esta situación de precariedad afecta más de 2.000 trabajadores y es una situación "insoportable" tanto para la plantilla como también para las personas mayores a las que atienden. En este sentido, Casanova remarca que muchos de los trabajadores se marchan al sector público porque la diferencia de salarios es "abismal".
Nuria Esterlitx (trabajadora en una de las residencias) remarca que la situación es "insostenible"
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Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, insisten en que no hay ninguna circunstancia que impida a la Conselleria de Servicios Sociales la publicación de las licitaciones. Según CCOO, Conselleria afirma que hasta que no se publique el nuevo decreto de tipologías, no puede sacar adelante las licitaciones pero según el sindicato puede hacerlo con el decreto anterior, atendiendo a las modificaciones que publicaron en el primer trimestre de este año y al convenio colectivo.
Situación heredada del anterior gobierno
Por su parte, la secretaria autonómica del sistema sociosanitario Elena Albalat ha insistido en lo que viene diciendo el Consell. Según Albalat esta situación viene heredada del anterior gobierno, los contratos están caducados desde 2018 y han encontrado facturas en los cajones con millones en deudas de los que han pagado ya 157 millones. Además, según la secretaria autonómica, han mejorado, tomando como referencia el IPC, el salario de los trabajadores que protestan. Y para colmo, todo esto debería quedar regulado por un decreto de tipologías -aprobado por el Botànic también- que según Albalat es un desastre y lo han tenido que modificar.
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